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Por Amauri Chamorro/APS
Después de años de acusaciones en contra de los ex presidentes Lula y Dilma, y el señalamiento al Partido de los Trabajadores (PT), como el partido creador de la corrupción en la Petrobras, sucedió lo imaginable: la máxima autoridad de la Fiscalía brasileña presentó formalmente las denuncias en contra de toda la alta cúpula de la derecha de Brasil.
Fueron denunciados 5 ministros del actual presidente Temer, los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado, 4 senadores del partido de Temer y 1 del Partido de la Social Democracia Brasileira (PSDB). Adicionalmente, la denuncia se extendió a más de 211 personas que no tienen fuero.
Se le cayó la historia de las portadas a la prensa privada y a grandes segmentos de la sociedad brasilera, que sustentaban agresivamente que la única salida para erradicar la corrupción era destituir a Dilma y encarcelar a Lula.
Sucede que lo que ambos presidentes hicieron fue profundizar las investigaciones, exponiendo peligrosamente las estructuras de la centenaria corrupción que nace y coexiste en las entrañas de la poderosísima élite brasileña, llevando a prisión a importantes ministros y líderes del PT.
A partir de la apertura de esa caja de pandora iniciada por el PT en Brasil, la derecha continental tuvo que reaccionar de forma inmediata, posicionando mediáticamente la responsabilidad de la corrupción en las décadas progresistas. De esa manera, la izquierda cargaría el impacto de lo que estaba por descubrirse. El mérito de la voluntad política de cortar en carne propia la corrupción, se transformaba en un pecado capital.
El discurso construido por los partidos de derecha y ampliamente promocionado por las empresas de comunicación blindaron hasta la presente fecha a los aliados políticos que aún no habían sido acusados formalmente. En el caso de Brasil, el presidente golpista Michel Temer fue nombrado 43 veces por los corruptores de Odebrecht, acusado de recibir $3 millones de dólares en efectivo. El ex candidato presidencial por el PSDB y socio de la Red Globo, Aécio Neves, ha sido nombrado incontables veces por casi todos los delatores. Eduardo Cunha, ex presidente del Congreso, responsable por operar el golpe contra Dilma, fue citado 35 veces. Cunha está preso por manejar de manera ilegal más de 150 millones de dólares en sus cuentas en Suiza, montos que no pudo justificar.
La corrupción denunciada en Lava-Jato existe comprobadamente hace más de 30 años. De la misma forma en que todos los políticos de la derecha acusados en esta nueva etapa de investigación fueron parte activa de los gobiernos de José Sarney, Fernando Collor, Itamar Franco y Fernando Henrique Cardoso. Todos anteriores a Lula y Dilma.
Es importante tener en cuenta que la Lava-Jato permitió iniciar la privatización de Petrobras y los más de un trillón de dólares en reservas petroleras brasileñas que el neoliberalismo de Cardoso no logró cumplir. En lo político, el manejo jurídico-mediático del caso creó las condiciones para liquidar al PT, única fuerza capaz de frenar el asalto al patrimonio del pueblo brasileño. En el ámbito de la opinión pública se instalaron matrices para que el pueblo se convenciera que solo la privatización de la sexta empresa más grande del mundo, sanaría el cáncer llamado corrupción.
Posteriormente a los trágicos 8 años de gobierno de Fernando Henrique Cardoso, el PT estatizó las reservas y destinó el 75% de todos los royalties para el desarrollo educacional y científico de Brasil. Esta decisión amenazaba directamente la hegemonía norteamericana y europea en ciertos sectores estratégicos. Brasil es competidor directo en la industria de la construcción civil, naval, aeroespacial, militar, agroindustrial, inclusive en el enriquecimiento de uranio, siendo productor de su propia tecnología. Todo a disposición de un gobierno que trabajó intensamente por la integración de América Latina, África y Asia. Lula se transformó en un gran e incómodo problema comercial y geopolítico para la expansión hegemónica de los Estados Unidos y Europa en esas regiones.
¿Y de qué acusan a Lula en la Lava-Jato? De que supuestamente tiene un departamento de manera ilegal en una playa de São Paulo, pese a que ese mismo inmueble es de propiedad de una señora que garantiza que Lula jamás ha estado ahí. A su vez, Fernando Henrique Cardoso, el ex Presidente neoliberal, es propietario de dos departamentos, uno en la Avenida Foch en París, y otro en la Trump Tower en Nueva York, ambos incompatibles con sus ingresos de profesor universitario y ex Presidente de la República.
Este caso fue denunciado hace algunos años y reconfirmado por su ex compañera sentimental en 2016, indicando inclusive los nombres de los testaferros utilizados por Fernando. Ni el Ministerio Público Federal, ni la Suprema Corte, mucho menos la Policía Federal lo han incomodado por ello. Al final, Cardoso es parte de la élite blanca paulista, letrado, profesor de la prestigiosa Facultad de Sociología de la Universidad de São Paulo.
Por el contrario, Lula es semi analfabeto, según él mismo lo dice, y el que más universidades ha construido en Brasil. Nacido en la región de población afro descendiente más miserable, comió carne por primera vez a los 13 años cuando llegó a São Paulo en busca de una vida mejor. Ha recibido cerca de 30 honoris causa por ser un referente mundial en la lucha contra la pobreza y el hambre. Mientras en el gobierno de Cardoso diariamente 300 niños morían de hambre, Lula erradicó la pobreza extrema de Brasil sacando a 27 millones de personas de ese flagelo.
El caso Lava-Jato es muy complejo y no puede ser comprendido solo desde el ángulo legal; toca las profundidades de la estructura política creada por las élites criollas esclavistas que subsisten hasta hoy en forma de bancos, latifundios, monopolios mediáticos y evasores de impuestos. Esas mismas que vendieron el futuro de sus naciones para garantizar sus privilegios y mantener bajo el látigo a los que han decidido alzar su voz. Siempre fue evidente que esa élite criolla jamás aceptó llamar como Señor Presidente a alguien de la “gentuza”. Que dirá exponer a la luz de la opinión pública el origen de sus privilegios mal habidos.
