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Mirna Jiménez
@DiarioColatino
Dirigentes de la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado y de la Organización Pro búsqueda cuestionaron la falta de acción de la Fiscalía General de la República (FGR) para reabrir el caso del asesinato de monseñor Óscar Arnulfo Romero, ocurrido hace 37 años.
Las solicitudes para reabrir el juicio han sido presentadas tanto durante la administración del ex fiscal Luis Martínez, actualmente encarcelado, como en la gestión del actual fiscal general Douglas Meléndez. La actitud ha sido la misma denunciaron anoche durante entrevista en Canal 10.
“Con las organizaciones hemos venido presentado escritos pidiendo que se investigue la causa de monseñor Romero. Lo hicimos en 2015 y en 2016. Se envía ese escrito, muchas organizaciones nos acompañaron a la Fiscalía General de la República. Tanto el fiscal Luis Martínez como el fiscal actual han recibido esos escritos, pero nunca hemos visto que se haga algo sobre el caso”, señaló Ovidio Mauricio, director de Tutela Legal.
Luego de recabar información sobre el caso, en donde se involucra a un escuadrón de la muerte de extrema derecha, que estaba dirigido por el fundador del partido ARENA, Roberto D ‘aubuisson, las organizaciones decidieron presentar directamente a un juez la petición de reabrir el caso, que fue archivado por la justicia luego de la aprobación de la amnistía en 1992.
“Ahorita solo se nos ha dado el recibido del escrito, no sabemos qué va resolver el juez, en qué sentido. Esperamos que la resolución sea favorable a nuestras peticiones y ojalá, pues, el proceso empiece a caminar”, dijo el director del organismo defensor de los derechos humanos.
Por su lado, el coordinador de Pro Búsqueda, Eduardo García, demandó que se conozca la verdad sobre el asesinato del ahora beato de la iglesia católica.
“El conocimiento de la verdad es patrimonio de la sociedad. En ese aspecto y como se trata de un crimen de lesa humanidad, toda la sociedad se siente ofendida y como ciudadano particular también, por eso acompañamos esta iniciativa”, afirmó
García cuestionó a la justicia por la apatía demostrado para investigar este magnicidio y que no hubiese sido necesario presentar directamente al juez la petición si la Fiscalía hubiera hecho el trabajo que la Constitución de la República le asigna.
“Quizás es una iniciativa que no tenía que haberse dado. Yo quisiera también pensar positivo, de que tenemos un órgano de justicia, que opera, que funciona, que empieza a trabajar”, afirmó. Recordó García que la Ley de Amnistía, derogada por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), representaba un obstáculo real para investigar este y otros crímenes ocurridos en el pasado, pero que ese obstáculo quedó sin efecto desde el año pasado.
“La Sala de lo Constitucional, cuando deroga la amnistía, cita a la fiscalía, le manda un escrito en donde le dice que ya no existe este obstáculo, que empiece a investigar de inmediato estos casos, y le ordena a la Asamblea a que legisle también de estos caso, y eso pasó en julio del año pasado”, cuestionó.
Según el director de Pro Búsqueda, un funcionario tiene que hacer lo que la constitución le manda a hacer y abstenerse de hacer lo que no establece la legislación. “En este caso la constitución es clara, le mandata a la Fiscalía, el investigar, individualizar y sancionar a los responsables, promover este tipo de juicios, no solo el de monseñor Romero sino todos los casos de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado”.
Consideró que todo este tipo de casos ya debería de estar llegando a la etapa de instrucción, de sanción, para luego pasar a la etapa conocida como justicia transicional. “Aquí no queremos gente presa, pero sí que se establezca la verdad para dignificar a las víctimas”, afirmó.
García tiene la impresión de que la Fiscalía se está dejando manejar políticamente y que el fiscal general debería demostrar una actitud de más interés en estos casos. Señaló que el fiscal ha dado buenos pasos, ha comenzado con procesos de corrupción, pero que la negación de justicia a las víctimas también significa corrupción. “También corrupción es beneficiar el proceso denegando justicia a víctimas; eso es parte de la corrupción y viene muy enlazado con lo que hemos estado hablando de la Cicies en el país. Actos de corrupción también es el acto en el que se prevalece de la libertad para no enjuiciar a una persona que comete un delito, en desagravio a las víctimas, un juez corrupto hace esas cosas”, cuestionó García.
Mauricio, también sostiene que la corrupción es el beneficiar con impunidad a ciertos sectores que han mantenido el poder económico y social en el país. Además cuestionó el argumento del fiscal general de que no tiene recursos para investigar, cuando hasta un periódico digital, que no tiene las posibilidades económicas de la Fiscalía, ha hecho una buena investigación sobre el caso, afirmó. “Recuerdo cuando hacíamos investigaciones en Tutela Legal del Arzobispado y obteníamos todas las pruebas también, y éramos pocos; entonces no creo que sea eso, en este país todas las instituciones tienen falta de recursos”, afirmó.
