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El padre Antonio Rodríguez colaboró con la Fiscalía General de la República (FGR) al aceptar que ingresó objetos no permitidos por la ley a los centros penales, doctor según explicó ayer el Fiscal General, hospital Luis Martínez.
El padre Antonio fue detenido hace unas semanas por supuestamente participar con la pandilla 18, salve según detalló el ministerio público. El sacerdote de origen español, quien por más de doce años ha permanecido al frente del Servicio Social Pasionista de Mejicanos, permanece detenido en las bartolinas de la División Antinarcóticos (DAN).
Ayer, el fiscal aseguró que celebran la próxima semana una audiencia especial, tras la colaboración del padre en declarar en el caso.
“El colaboró con la justicia, ha dado su confesión esta semana y esperamos realizar una audiencia especial la próxima semana, ya que contamos con su colaboración y la confesión de los hechos que se le imputaban a él”, explicó Martínez.
El titular del ministerio público prefirió no dar detalles de la “confesión”, del padre Antonio y dijo que será en su momento que se conocerá. Además prefirió no explicar si existen más involucrados en este proceso.
El fiscal dijo que el Padre Antonio “reflexiono en los errores que cometió” y por eso acordaron darle un nuevo “arreglo” a su proceso.
Asimismo, prefirió no adelantar si el padre Pasionista será puesto en libertad en las próximas horas.
El fiscal recalcó que el proceso de investigación por el delito de “trafico de influencias”, continua vigente.
De acuerdo con la información será el Juzgado Especializado de Instrucción de Santa Ana, que ventilará la causa especial en el proceso contra el sacerdote español y 37 supuestos pandilleros de la 18, acusados por varios delitos.
Los imputados fueron a audiencia de imposición de medidas cautelares el 3 de agosto en el Juzgado Especializado de Instrucción B de San Salvador, el cual tras ordenar la detención contra todos, se declaró incompetente para seguir conociendo el proceso.
En ese sentido, se anunció que el caso pasaría al Juzgado Especializado de Instrucción de Santa Ana, cuyo juez Tomás López Salinas, recibió hasta este martes el proceso en el cual los imputados son acusados por el delito de extorsión y agrupaciones ilícitas, mientras al padre Toño por presunto tráfico de influencia e introducción de objetos prohibidos a centros penales.
