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Alexander Pineda
@DiarioCoLatino
El fiscal general de la República, Raúl Melara dijo lamentar el despliegue excesivo de elementos de la Fuerza Armada -el pasado domingo- al interior de las instalaciones de la Asamblea Legislativa, ordenado por el presidente Nayib Bukele, en plena pugna entre los órganos Ejecutivo y Legislativo.
“Hubo un exceso del director de la Policía, hubo un exceso del ministro de Defensa y, aunque yo entiendo que la seguridad del presidente debía de asegurarse, no se vale que la militarización al interior de la Asamblea Legislativa se haya dado”, opinó Melara.
Añadió en esa línea que el actuar de este domingo hizo ver mal a los elementos (policías y soldados), a las instituciones garantes de la seguridad pública y nacional y al presidente mismo.
Melara instó al Ejecutivo a “medir las consecuencias de sus acciones” y dijo que se mantendrá vigilante de que sucesos como los de este 9 de febrero no se repitan.
Sobre si existen delitos a perseguir, el fiscal dijo que habrá que analizar los hechos para determinar si los actos son constitutivos de delito y dijo que Nayib Bukele “se cuidó mucho”, al decir que no se metería en la decisión del pueblo.
El domingo, el FMLN interpuso una denuncia contra Bukele, al considerar que este cometió los delitos de sedición y rebelión, al instigar entre la población la rebelión en contra del órgano Legislativo por la no aprobación de la negociación de un préstamo de $109 millones con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), para el desarrollo de la tercera fase del plan de seguridad Control Territorial.
El fiscal confirmó que existe una denuncia contra el exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Walter Araujo, en calidad de agitador de la rebelión.
Caso Negociaciones con Pandillas
Melara dijo que no se prestará a un “show político”, en referencia a quienes catalogan como tal el proceso judicial iniciado la semana pasada contra tres políticos y tres enlaces entre estos y las pandillas, para presuntamente negociar beneficios a estos grupos.
“Hay que investigar, reunir la prueba y determinar la participación que tuvieron no solo aparentemente, sino que en la realidad”, manifestó.
Explicó que si no se giraron órdenes de captura en contra de los políticos es porque se hizo un análisis en el que se determinó que estos tenían arraigos.
El pasado viernes, la jueza del Tribunal Segundo de Paz determinó que los acusados por agrupaciones ilícitas y fraude electoral siguieran la etapa de instrucción en libertad, como lo solicitó la Fiscalía General de la República.
La juzgadora estableció con medidas a Ernesto Muyshondt, alcalde de San Salvador; y a los exministros de Gobernación y Justicia y Seguridad Pública, Arístides Valencia y Benito Lara el pago de una fianza de $10,000 a cada uno. Muyshondt deberá presentarse al Juzgado Segundo de Instrucción cada 30 días y Valencia y Lara cada 40.
Los otros implicados, Wilson Alvarado y Paolo Lüers deberán cancelar fianzas por $5,000, sin otras restricciones. Raúl Mijango es el único que guardará prisión, pues ya se encuentra cumpliendo una condena.
