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@JoakinSalazar
El Fiscal General de la República Douglas Meléndez ordenó a la Unidad de Investigación Financiera (UIF) conocer sobre las relaciones de empresarios y políticos vinculados a los documentos financieros denominado “Panamá Papers”, decease y sobre la creación de sociedades “offshore”, doctor a través de la firma de abogados panameña Mossack Fonseca.
Meléndez afirmó que podría existir delitos de evasión de impuestos y lavado de dinero, por lo que tuvo a bien iniciar con las investigaciones, por lo que se reunirá con el Superintendente Financiero y el Ministro de Hacienda.
“Lo primero que vamos hacer es determinar si se ha cometido delito, o no se ha cometido delito. La investigación determinará algún tipo de responsabilidad, si desde el país se han cometido ilícitos”, afirmó Meléndez.
Además, el Fiscal afirmó que la investigación inició el pasado lunes, y que de momento se encuentran en etapas previas.
“Panamá Papers” fue dado a conocer a nivel mundial por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, con sede en Washington DC, el cual involucra a ciertos empresarios y políticos salvadoreños.
No detalló nombres de las personas investigadas, sin embargo, explica que la ruta de la misma determinará si se dará seguimiento de empresas, empresarios y políticos.
Más de 200 empresas y 30 clientes salvadoreños aparecen relacionadas al escándalo mundial del “panamá papers”, generado por la publicación de documentos de la firma panameña Mossack Fonseca.
Algunas empresas son: Grupo Roble de Panamá S. A, Grupo Financiero Ficohsa S.A, Rabo Group S.A, Valores Cuscatlán S.A., Inversiones Sapiens S.A. y Global Portfolio Fund INC.
Entre los involucrados están: Alfredo Cristiani, Ricardo Poma, JSimán, Roberto Kriete, Fabricio Altamirano, José Roberto Dutriz, Juan José Daboud, Enrique Rais, Jorge Velado y Ernesto Muyshondt.
Niega investigación contra Ortiz
“No tenemos ninguna investigación en contra del Vicepresidente Oscar Ortiz”, dijo el Fiscal General, a las acusaciones de algunos medios de derecha que le vinculan empresarialmente con José Adán Salazar.
Ayer, el Vicepresidente Ortiz afirmó que no existe tal vinculación con la empresa de compra y venta de terrenos, debido a que él inició su vida política y cerró ese espacio empresarial.
“Con él (Adán Salazar) no tengo ninguna relación comercial, económica, empresarial, ni con nadie, en realidad me dedique y me he dedicado mi tiempo completo a desarrollar lo que la gente me ha encomendado”, dijo Ortiz.
Por otra parte, el Fiscal aseguró que en el caso de la investigación contra Adán Salazar hubo un corte o un paro. “No hemos encontrado muchos elementos en esa investigación, por lo que hemos tenido que reiniciar algunas investigaciones”, dijo.
Meléndez confirmó que algunas investigaciones estaban a medias o estaban inconclusas, por lo que ordenó abrirlas de nuevo para darles continuidad.
Propone nuevos delitos
Esta mañana, el Fiscal General, Douglas Meléndez llegó a la Asamblea Legislativa para presentar las propuestas de reformas que contemplan la creación de nuevos delitos, el incremento de penas para algunos ilícitos vigentes y la modificación de procedimientos de investigación.
Las reformas solicitadas se encaminan en agilizar las detenciones de adolescentes que se vean involucrados en ilícitos; sancionar con cárcel el hecho de obligar a familias a salir de sus hogares; así como penar a quien restringe la libre circulación de los ciudadanos, informó Fiscalía.
“Lo que estamos pidiendo nosotros, es que podamos girar órdenes de captura a menores de edad, porque muchos pandilleros son menores de edad, en el país no tenemos eso, no es posible, que tenemos grupos de pandilleros, conformados por menores y no podamos detenerlos”, explicó el Fiscal Meléndez.
El titular de fiscalía considera que hay que revisar que los menores sean tratados como “menores infractores”.
“Tenemos que caer en nuestra realidad, el ámbito de El Salvador es distinto a otros países”, dijo el Fiscal en referencia a los tratados internacionales de protección de menores.
El objeto de la propuesta es garantizar la actuación inmediata de las autoridades para la defensa de los derechos fundamentales de las personas y generar las condiciones que faciliten la recuperación de los territorios de manera permanente, enfatizó el Fiscal.
