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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
“Expresamos públicamente nuestra preocupación por las posiciones que ha estado adoptando la Fiscalía General de la República (FGR), que consideramos lesiva a los intereses de las víctimas y la búsqueda de la justicia”, manifestó David Morales, coordinador de Justicia Transicional de Cristosal, al referirse a la petición de recusar al Juez de la causa en el caso de la Masacre de El Mozote a petición del Ministerio Público.
La Masacre de El Mozote y lugares aledaños ha sido considerada de las más letales en América Latina en el Siglo XX, cuando El Salvador se encontraba en un conflicto armado interno. Un crimen de lesa humanidad, que fue ampliamente documentado desde el Informe de la Comisión de la Verdad, así como, investigaciones testimoniales, judiciales, académicas y periodísticas.
Cristosal, como parte de la acusación particular acreditada en el juicio de la Masacre de El Mozote y sitios aledaños que se ventila en el Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera, Morazán, denunció que la solicitud de separación del caso del juez Jorge Guzmán Urquilla, es también motivo de preocupación para las víctimas, quienes a través, de la Asociación Promotora de Derechos Humanos de El Mozote, presentaron por escrito esta posición ante el tribunal.
“Consideramos que esta posición de la Fiscalía es incoherente con la búsqueda de la verdad y la justicia. Una entidad fiscal que se ha caracterizado -en el caso de El Mozote y otros- por la pasividad, por no ejercer debidamente su mandato en la investigación de crímenes de guerra o lesa humanidad, ahora plantea una acción para obstaculizar el caso que más ha avanzado en la búsqueda de la justicia transicional en El Salvador”, argumentó Morales.
Cinco años han pasado desde que la Sala de lo Constitucional (2016) derogó la Ley de Amnistía, agregó Morales, y la Fiscalía no ha avanzado en judicializar más casos por sus investigaciones. Y en cuanto a El Mozote, consideró que avanzó por la aplicación de la legislación aplicada que permitió al juez conducir la investigación y por diversas acciones de la acusación particular que la integran: Cristosal y Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”, que peticionaron investigaciones desde el inicio del proceso.
“La Fiscalía ha sido pasiva con El Mozote, y ahora, está pretendiendo, separar a un funcionario judicial que ha dado trámite a solicitudes que hemos hecho como representantes de las víctimas. Tenemos cuatro años, en diferentes diligencias judiciales y hemos sido testigos de las actuaciones de los fiscales asignados al caso, al menos no obstaculizaron algunas diligencias, que han validado al tribunal. Es por esto que esta nueva posición lesiva a los intereses de las víctimas debe provenir de altos niveles de la Fiscalía”, advirtió Morales.
Sobre las observaciones a la solicitud de recusación del juez de la causa, presentada por la Fiscalía, Irene Gómez, abogada de Justicia Transicional de Cristosal, explicó que mencionan que se está violentando el principio de igualdad de las partes, citando el artículo 3 de la Constitución de la República, pero no presentan ninguna argumentación de fondo.
“En la última audiencia que se tuvo en el Juzgado de (San Francisco) Gotera, el Juez les manifestó a los fiscales -de hecho- que si él aplicara en el proceso únicamente (Código Penal ) de 1973, todos los imputados estarían detenidos desde que inició el proceso. Y es importante -además- la labor del Juez, dentro de este proceso, al escuchar la voz de las víctimas. Consideramos que la Fiscalía está equivocada al recusar al Juez, porque no tiene fundamentos legales y le hacemos un llamado a un cese de estas acciones que vulneran el derecho a la justicia y verdad”, dijo Gómez.
Luego de las inspecciones de los archivos de Tutela Legal del Arzobispado, la parte acusadora presentó una solicitud de “peritaje de violencia sexual” para la Masacre de El Mozote, para que el Juez, juramentara a la perito española Paloma Soria Montañez, abogada, experta en género, y violencia sexual. La perito tiene un récord importante en sus investigaciones a nivel internacional y ha participado también, en Guatemala, país vecino que se vio inmerso en una guerra civil.
“A esa solicitud de peritaje se ha presentado una recusación a ella, porque Fiscalía externa que no tiene la calidad habilitante, ni es persona idónea y proponen que sea una persona que tenga licenciatura en sociología, pero que no tendrá la experiencia en violencia sexual. De hecho, Paloma Soria Montañez trabaja en la Corte Penal Internacional (CPI), y ha trabajado no solo en violencia sexual, sino en contextos de conflictos armados”, señaló Gómez.
La decisión de solicitar la participación de una perita sobre violencia sexual a mujeres es considerado por los abogados de Cristosal de “alta relevancia”, en el caso de la Masacre de El Mozote y sitios aledaños, porque se debe analizar de forma adecuada, que muchas niñas y mujeres fueron sometidas a torturas sexuales, violadas y posteriormente asesinadas; casos que consideraron muy complejos y los imputados han sido acusado de “violaciones agravadas”. Y pese al intento de recusación de la perita, ahora impulsan la acción de separar al juez de este caso emblemático.
Cristosal instó al fiscal general de la República, Raúl Melara Morán, a abstenerse de “perjudicar el avance del proceso judicial”, considerando que si el Juez Guzmán se pronuncia a esta petición fiscal y lo admite a trámite, la parte acusadora, las víctimas y sus familiares, también podrían emitir sus opiniones sobre la petición fiscal, que adelantaron que será de oposición por las “implicaciones graves” que tendría en el caso, sostuvo Antonio Aguilar, abogado de Justicia Transicional de Cristosal.
“Como acusación particular vamos a presentar todos los argumentos legales, en el sentido de aclarar, que la Fiscalía, está confundiendo el mecanismo procesal adecuado. Al utilizar el derecho que tiene el juez para aplicar la Constitución de la República y los Tratados de Derechos Humanos; por eso tratan de separar al Juez del caso, en lugar de buscar una vía adecuada, y controlar este tipo de criterios que están dentro de la independencia judicial y dentro del ámbito de actuación del Juez, que tiene potestades que derivan de la misma Constitución”, puntualizó Aguilar.
