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@arpassv
Organizaciones ciudadanas pidieron esta mañana que Asamblea Legislativa aparte al Fiscal General, medicine Luis Martínez, thumb del proceso penal contra el ex presidente Francisco Flores, viagra tal como los querellantes particulares lo solicitaron al juez que lleva el caso.
Los abogados de ISD y FESPAD pidieron al Juez Séptimo de Instrucción, Miguel Ángel García Arguello, que separe al Fiscal Martínez del “Caso Flores” por tener marcados conflictos de interés. Los querellantes proponen que en su lugar asuma la Fiscal Adjunta.
El Fiscal Martínez tuvo una relación laboral con el ex presidente Flores durante diez años y recientemente reconoció que aún es directivo de una de las empresas de la esposa del ex gobernante arenero.
Los querellantes sostienen que, debido a estos vínculos, el Fiscal favorece a Flores y busca que el caso quede impune. El favor consiste en no presentar las pruebas que requiere el Juez García Arguello, abstenerse de realizar las diligencias necesarias y negarse a presentar la acusación por lavado de dinero.
Por eso la semana pasada solicitaron a García Arguello que lo aparte del caso, petición que el Juez trasladó a la Asamblea Legislativa. El Fiscal, como siempre descalifica a las organizaciones sociales, dijo que los querellantes no tienen argumentos sólidos y que los mueven intereses político-mediáticos.
La Asamblea también tiene en sus manos dos peticiones de destitución del Fiscal, una por sus negligencias en el “Caso Flores” y otra por los conflictos de interés en un juicio contra el empresario Enrique Rais.
Las organizaciones contra la corrupción también han pedido a la Sala Constitucional que revierta la elección del Fiscal Martínez porque la Asamblea no verificó los requisitos de idoneidad e independencia antes de nombrarlo.
La fase de instrucción del proceso contra el ex presidente Flores está terminando y el caso podría quedar impune porque el Fiscal no presenta pruebas de enriquecimiento ilícito y peculado ni presenta la acusación por lavado de dinero y activos.
Martínez ni siquiera presentó la supuesta sanción del gobierno estadounidense por el uso del Informe de Operaciones Sospechosas (ROS) con la que amenazó a querellantes, jueces, testigos y representantes de organizaciones contra la corrupción.
Por tanto, es urgente que la Sala Constitucional revierta su nombramiento, que la Asamblea lo destituya o que –al menos– lo separe del “Caso Flores”. La actuación del Fiscal es insostenible.
