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@arpassv
En el marco del sexto aniversario de la desaparición forzada, order torturas y asesinato del ambientalista Marcelo Rivera, organizaciones comunitarias y ecologistas de Cabañas solicitaron al Fiscal General, Luis Martínez, que investigue la autoría intelectual de los asesinatos de activistas antimineros en Cabañas.
Marcelo Rivera –ambientalista, educador y promotor cultural– lideraba la resistencia contra la minería en el municipio de San Isidro, Cabañas. Fue brutalmente asesinado en junio de 2009, luego de recibir constantes amenazas de muerte debido a su oposición a los proyectos extractivos de la empresa canadiense Pacific Rim, ahora absorbida por la australiana Oceana Gold.
En su solicitud, las organizaciones sostienen que por este horrendo crimen fueron condenados únicamente autores materiales, por lo que es necesario investigar a los autores intelectuales. Igualmente impunes están los asesinatos de Dora Sorto y Ramiro Rivera, también miembros de la resistencia antiminera, asesinados en diciembre del mismo año en el cantón Trinidad, Sensuntepeque.
En este contexto de confrontación abierta entre Pacific Rim que quería imponer los proyectos mineros y las comunidades que defendían su agua y su vida, también fueron amenazados de muerte periodistas de Radio Victoria. Esta emisora comunitaria informaba sobre los posibles daños ambientales y sociales de la explotación minera y acompañaba la lucha de las comunidades.
En octubre de 2014, las organizaciones pidieron al Fiscal General investigar como posible autor intelectual de todos estos crímenes a Rodrigo Chávez Palacios, procesado en aquel momento por asesinar con lujo de barbarie a una persona a la que desmembró su cuerpo y esparció sus partes por diferentes lugares. “El descuartizador” era vicepresidente de Pacific Rim cuando fueron asesinados Marcelo Rivera, Dora Sorto y Ramiro Rivera, y amenazados los periodistas de Radio Victoria.
Luis Martínez hizo oídos sordos a aquella petición. Ahora las organizaciones de Cabañas reiteran su demanda de justicia ante un Fiscal General cuyo desempeño deja mucho que desear y enfrenta serios cuestionamientos por no defender los intereses del Estado y de la sociedad en sonados casos de corrupción como el del expresidente Francisco Flores y el fraude CEL-Enel.
En el caso de Chávez Palacios, la Fiscalía –en vez de investigarlo como posible autor intelectual de los asesinatos de ambientalistas en Cabañas– le cambió la tipificación del delito de homicidio agravado a homicidio simple para bajarle la condena de 30 a 11 años de cárcel.
