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Redacción Nacionales
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La comunidad Santa Marta y la Asociación ADES, del departamento de Cabañas, denuncian la impunidad en la que está el asesinto de Marcelo Rivera y otros ambientalistas quince años después del cometimiento de dichos crímenes.
Marcelo Rivera fue desaparecido el 18 de junio de 2009 y su cadáver fue encontrado en el fondo de un pozo el 30 de junio, con señales de tortura; y en diciembre del mismo año también fueron asesinados Ramiro Rivera y Dora Sorto. Todos ellos formaban parte de la resistencia comunitaria contra la minería metálica.
Según ADES, por el asesinato de Marcelo Rivera fueron procesados y condenados supuestos autores materiales; pero nunca se investigó a los autores intelectuales. También señala que los pandilleros condenados, extrañamente, murieron después en la cárcel.
En relación a los asesintos de Ramiro Rivera y Dora Sorto, Santa Marta denuncia que ni siquiera fueron capturados posibles autores materiales.
En un comunicado publicado en redes sociales, ADES y Santa Marta mencionan al actual fiscal general Rodolfo Delgado entre los responsables de la impunidad de éstos crímenes.
“Uno de los responsables de esta grave omisión es Rodolfo Delgado, quien entonces dirigía la unidad de la Fiscalía responsable de realizar las diligencias respectivas”, señala el pronunciamiento.
Delgado fue jefe de la Unidad contra el Crimen Organizado, de la Fiscalía General de la República (FGR), durante diez años, hasta que fue removido del cargo por el entonces fiscal general Luis Martínez, en julio de 2014; y fue quien dirigió las investigaciones de los asesinatos de los ambientalistas en 2009. “Ahora como fiscal general Delgado no sólo no retoma la investigación de los asesinatos de los ambientalistas, sino que persigue injustamente a los líderes comunitarios de Santa Marta y ADES que se oponen a la posible reactivación de la minería metálica”, apunta el comunicado.
https://x.com/ades_sm/status/
La Fiscalia de Delgado acusa actualmente a cinco defensores ambientales de Cabañas por un supuesto asesinato cometido durante la guerara civil, entre ellos al director ejectivo de ADES, Antonio Pacheco. Juristas y organizaciones sociales han señalado la debilidad jurídica de la referida acusación y cuestionan que la única prueba sea el relato contradictorio de un sospechoso testigo protegido.
ADES y las organizaciones que apoyan la demanda de libertad de los líderes ambientalistas también argumentan que el supuesto delito ya prescribió y que -además- está cubierto por la Ley de Reconciliación Nacional de 1992, por lo que la acusación fiscal es improcedente.
Santa Marta y ADES exigen a la Fiscalía y al Sistema Judicial Salvadoreño “poner fin a la impunidad de los asesinatos contra los mártires ambientalistas y detener la persecución judicial contra los defensores ambientales”.
Diversas instancias internacionales han pedido al Estado salvadoreño anular el caso penal contra los activistas antimineros. Una de éstas es la Relatoría de Defensores de Derechos Humanos de la ONU, que se ha pronunciado en tres ocasiones por la libertad de los ambientalistas.
https://x.com/MaryLawlorhrds/
La última vez fue el 3 de abril de este año, en el marco de la audiencia preliminar realizada por el Juzgado de Instrucción de Sensuntepeque. La relatora Mary Lawlor pidió a las autoridades salvadoreñas retirar los cargos.
