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Caracas/AFP
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, restó validez a la decisión de la Corte Penal Internacional (CPI) de abrir exámenes preliminares por «presuntos crímenes» en el país durante manifestaciones opositoras que dejaron unos 125 muertos en 2017.
«Debo decir que su información pudiera parecer sesgada», dijo Saab ante la prensa, dirigiéndose a la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, quien anunció el procedimiento el jueves.
Según un comunicado de Bensouda, la medida respondió a informes sobre uso de «fuerza excesiva» por los cuerpos de seguridad del Estado para «dispersar y reprimir» protestas, y empleo «de medios violentos» por parte de manifestantes opuestos al gobierno de Nicolás Maduro.
Saab indicó que la CPI sólo actúa en casos de violaciones de derechos humanos que «no han sido judicializados o investigados» por el Estado, lo que a su juicio no ocurre en Venezuela. También cuestionó que Bensouda no lo haya contactado previamente.
Según el funcionario venezolano, su despacho ha atendido las denuncias «coordinadamente» con el sistema de justicia nacional.
«Muchos de esos casos no solamente han tenido imputación, sino acusación (…). No habrá impunidad», aseguró Saab, quien recordó que Maduro hizo una «expresa prohibición» del «uso de armas de fuego para dispersar manifestaciones».
Saab citó un caso emblemático, el de David Vallenilla, quien murió el 22 de junio después que un militar le disparó a quemarropa perdigones de plomo cuando protestaba con otros jóvenes que lanzaban piedras y cócteles molotov contra una base aérea en Caracas.
El supuesto responsable está preso, acusado de «homicidio calificado ejecutado con alevosía y motivo fútil», recordó el fiscal venezolano.
Las protestas contra Maduro tuvieron lugar entre abril y julio de 2017. La exfiscal general Luisa Ortega -exiliada tras romper con el mandatario socialista en medio de las movilizaciones- denunció «crímenes de lesa humanidad» ante la CPI.
En septiembre pasado, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, convocó a un panel de expertos internacionales para evaluar si las denuncias contra agentes venezolanos ameritaban ser llevadas a la CPI.
