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Redacción Nacionales
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La Comisión Especial de Antejuicio contra el diputado de ARENA, Alberto Romero, sesionó este lunes para admitir las pruebas tanto de la parte defensora como de la fiscal. La FGR le atribuye los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero y de activos.
Ernesto Parada, abogado defensor de Alberto Romero, dijo que su cliente era inocente; en ese marco solicitó a la Comisión que el proceso de desafuero se detuviera, la instancia legislativa votó en contra. Parada presentó como prueba la sentencia definitiva de la Cámara de Cojutepeque, donde se le condenó al diputado a devolver al Estado más de 400 mil dólares por supuesto enriquecimiento ilícito en los períodos que fungió como diputado.
La defensa técnica ofertó audios de la audiencia probatoria y una extensión de todos los salarios, gastos de representación y viáticos que el legislador ha ganado desde 2009 hasta 2022.
Mientras que la parte fiscal encabezada por los legisladores de Nuevas Ideas, Marcela Pineda y Giovanny Saldaña, ofertaron en la instancia legislativa la declaración testimonial de los peritos financieros que participaron en el proceso civil de enriquecimiento ilícito en su contra. Declaración testimonial de la señora María de Jesús Guardado, quien presuntamente laboró como asesora en la Asamblea Legislativa hasta el 30 de abril de 2021 e hizo, presuntamente depósitos a la cuenta de la esposa del legislador Alberto Romero.
La parte fiscal ofertó una declaración testimonial de David Fernando Vaquerano, quien laboró como ordenanza en la Asamblea hasta el 1 de febrero de 2018 y realizó depósitos a la cuenta bancaria de la esposa del legislador Alberto Romero. Se ofertó la declaración testimonial de Ana María Gertrudis Ortiz, quien laboró como asistente de la fracción de ARENA hasta abril de 2018 e hizo, presuntamente depósitos a la cuenta de la esposa de Romero.
Se ofertó la declaración testimonial de Ana de Lourdes de Romero, esposa del legislador Alberto Romero, para conocer porqué recibía significativas cantidades de dinero mensuales a su cuenta bancaria por parte de los empleados de la fracción de ARENA. Así como la declaración testimonial de Lourdes Gabriela Romero de Marroquín, hija del diputado Romero, a fin de saber el motivo por el que depositaba dinero en la cuenta del legislador. Las personas que se mencionaron tendrán que declarar ante la comisión en los próximos días.
Además, se ofertó como prueba, copia de la documentación legal referente a la Fundación para el Desarrollo de Cuscatlán, disponible en el Registro de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro. “Es necesario solicitar esta información para determinar quiénes son los fundadores, las autoridades de la junta directiva vigente o sus representantes legales en virtud que pudo haberse utilizado con fines de encubrimiento y ocultamiento”, remarcó Giovanny Saldaña, el otro fiscal del caso.
El proceso civil contra Alberto Romero inició luego de que la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) detectara irregularidades en su patrimonio. El pasado 14 de agosto, la Cámara de la Segunda Sección del Centro de Cojutepeque lo declaró responsable de enriquecimiento ilícito. A Romero se le ordenó devolver al Estado $445,766.05 y se le inhabilitó para ejercer cualquier cargo público por un periodo de 10 años.
La Fiscalía continúo con las investigaciones y detectó, presuntamente más de una veintena de inconsistencias en el patrimonio del diputado: entre 2011 y 2022, según la institución, el arenero obtuvo ingresos mayores a $1,162.388.00 sin que él lograra justificarlos, según la Fiscalía.
El 23 de agosto, en la sesión plenaria 120, el fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, solicitó a la Asamblea Legislativa que se le elimine el fuero al miembro del tricolor, para poderlo procesar penalmente por los delitos señalados.
La Comisión Especial de Antejuicio se reunirá de nuevo, el miércoles 30 de agosto a las 10 de la mañana.
