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Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
La Fiscalía General de la República (FGR) allanó este martes uno de los órganos fundamentales de El Salvador, la Asamblea Legislativa, para inspeccionar las supuestas plazas fantasmas en este Órgano de Estado.
Desde el lunes, el fiscal general de la República, Raúl Melara, sostuvo que habían iniciado una investigación en la Asamblea, y justo ayer los fiscales llegaron autorizados para el allanamiento de registro otorgado por el Juzgado Quinto de Paz de San Salvador.
La Fiscalía dijo que el acto se debió a las múltiples denuncias que circularon en redes sociales y por declaraciones vertidas por miembros diputados de la junta directiva donde se reflejaba que, en efecto, existían plazas fantasmas
Germán Arriaza -director de Delitos Contra la Impunidad- dijo que como FGR se practicó una diligencia de registro en la Asamblea Legislativa, específicamente en dos áreas, la gerencia de recursos humanos y la gerencia administrativa financiera.
A dichas gerencias se les allanó para recabar información y equipo informático que contribuya a la investigación en curso.
Arriaza dijo que tuvieron diversidad de elementos probatorios que les permitieron en esta etapa solicitarle al Juez de Paz correspondiente la autorización para realizar este registro; también dijo que hay ciertas diligencias de carácter documental y testimonial que se han incorporado y que les permitió que el mismo se haya autorizado.
“Estamos en la etapa inicial y vamos a recolectar toda la información que nos permita establecer efectivamente, si hay personas que están contratadas en esta institución y que no están desempeñando sus actividades laborales como la ley obliga”, recalcó Arriaza.
Según mencionó el fiscal del caso, se está investigando tanto la parte institucional como las contrataciones de las fracciones legislativas.
Sin embargo, dichas contrataciones son avaladas por la junta directiva, por tanto, podría ser una de las responsables de que exista o no plazas fantasmas en la Asamblea. Al respecto, Arriaza dijo que la finalidad de las investigaciones es establecer la existencia del delito y también determinar con la misma investigación, quiénes pudieron haber participado en distintas calidades en ese hecho y por ende, establecer un tipo de responsabilidad.
Los delitos que podrían atribuirle a los implicados serían una sanción tipo penal que se llama “peculado” y otro llamando “actos arbitrarios”; sin embargo, será la investigación misma que establecerá tanto la existencia de los delitos como la posible participación en esos hechos”, detalló el fiscal encargado.
A la casa del pueblo llegaron alrededor de 40 fiscales y un equipo de análisis que se mantendrán por 72 horas, y será la fiscalía quien decida si piden más tiempo para seguir recabando información.
Esta sería la primera vez que la Fiscalía allana a la Asamblea Legislativa por supuestas irregularidades. Todo esto previo a un cambio de legislatura, donde en su mayoría serán nuevos servidores públicos.
Ante esto, algunos diputados que estaban reunidos en las comisiones, señalaron que la institución garante de los intereses del Estado debe hacer su trabajo para que esclarezca la situación.
Guadalupe Vázquez -jefe de fracción de GANA- señaló que la FGR debe hacer un trabajo de investigación y deducir responsabilidades ya sea una fracción, a un diputado o junta directiva.
Para Juan José Martel este allanamiento “es un paso importante” porque implica iniciar un proceso serio de averiguaciones sobre el tema de las plazas fantasmas.
“Es un hecho histórico, nunca la fiscalía había hecho un allanamiento a una oficina de la Asamblea Legislativa, pero creo que lo amerita porque es necesario llegar al fondo de toda esta situación, ojalá que no sea solo un espectáculo mediático”, dijo Juan Martel de Cambio Democrático.
Antes que llegaran los fiscales al recinto legislativo, el presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, brindó una conferencia de prensa en la que dijo que cada partido político es responsable de tener los controles en cuanto a la asistencia de sus empleados y señaló que en el momento que se establezca una auditoría, serán los grupos parlamentarios quienes vayan a responder, más no la parte institucional.
“Mi obligación llega, hasta contratarle el personal, la presidencia no se mete en las decisiones de los grupos parlamentarios”. Es decir, cada fracción es responsable que sus empleados lleguen a trabajar.
Por el momento, la situación dentro de la Asamblea se mantiene con un aire intenso e impredecible, ya que desde que fueron las elecciones la situación ha ido cambiando de tono con diversos temas.
Ahora, los diputados han pedido al fiscal que las investigaciones que están realizando se hagan de forma correcta y transparente para que los responsables tengan que pagar.
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