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Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
El último día de febrero, el Juzgado 8o de Instrucción de San Salvador desarrolló la audiencia preliminar en el caso denominado “Saqueo Público” en el que son procesados una treintena de personas relacionadas al primer Gobierno del Frente Farabundo para la Liberación nacional (FMLN), a quienes el Ministerio Público los señala de haber cometido delitos como peculado, lavado de dinero y activos.
Entre los 31 imputados destaca el expresidente de la República, Mauricio Funes, la ex primera dama, Vanda Pignato, el exsecretario de comunicaciones de la Presidencia, David Rivas, el excontador de Casa Presidencial, Pablo Gómez, y Juan Carlos Guzmán Berdugo, suegro del expresidente Funes.
La audiencia se instaló durante la mañana de este lunes, pero con solo 11 imputados presentes, el resto fueron declarados como ausentes. Sobre estos imputados, la parte fiscal afirmó que el juez deberá resolver ante esa situación, “si estas personas no acuden a esta convocatoria judicial, pues procede legalmente declarar la rebeldía de las personas”.
El ente fiscal afirmó que estaban preparados para poder llevar a cabo la audiencia y que el proceso pase a la siguiente etapa. Entre tanto, según dijo la parte fiscal, el Ministerio Público ha recolectado desde el año 2016 “aproximadamente más de 2,500 documentos que forman parte de la prueba documental. Contamos con más de 25 peritajes y prueba testimonial”.
La FGR sostiene que la pericia ha sido realizada por un equipo multidisciplinario de profesionales de diferentes instituciones.
Sin embargo, los abogados defensores señalaron que tal pericia no fue terminada a pesar de que la FGR tuvo dos años para concluirla, con esta postura, afirman que contabilizan 733 puntos sin finalizar. Por su parte la fiscal del caso, aseguró que “es una pericia completa que viene a corroborar la hipótesis fiscal”.
Habrá de recordar que, al expresidente de El Salvador en el periodo 2009 a 2014, Mauricio Funes, y a los otros funcionarios durante su gestión, la Fiscalía General de la República los acusa de haber extraído supuestamente 351 millones de dólares del erario público. Por tal, son acusados por los delitos de: peculado, lavado de dinero y activos, casos especiales de lavado de dinero y casos especiales de encubrimiento.
El expresidente Funes ha declarado insistentemente que la acusación es falsa, y que muchos de los procesados es con el fin de buscar criteriados para inculparlo de un delito que no ha cometido. El hecho de la tardanza de la Fiscalía en llevar al caso a esta etapa es porque no tiene pruebas, ha dicho Fumes.
