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Fiscalía atropella a Gentevé

Bajo el pretexto de que el ex presentador de televisión y empresario Jorge Hernández era el principal accionista de la empresa Gentevé S.A de C.V, la Fiscalía General de la República ordenó el allanamiento del canal.

La Fiscalía se dio el lujo de husmear en el canal, sin permitir que los periodistas del mismo hicieran tomas, lo que impidió el derecho a registrar un hecho que les afectaba para la difusión periodística. En esta caso, la Fiscalía se convirtió en censuradora, por lo que atropelló la libertad de información y de prensa.

La Fiscalía realizó diversos allanamientos el viernes en 34 propiedades y diez sociedades supuestamente de Jorge Hernández.

Gentevé, en un comunicado difundido el mismo viernes, además de que reitera “toda colaboración con la Fiscalía”, también rechaza que Jorge Hernández sea el dueño de dicho canal.

“Canal 29 S.A de C.V aclara que el señor Jorge Hernández, a quien se le procesa judicialmente, no es accionista de esta empresa, tal como consta en el Registro de Comercio y Registro de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET) desde el año 2012, por lo que es FALSA cualquier información que sugiera lo contrario”, dice el comunicado de Gentevé.

La aclaración del canal hace más sospechosa la actuación de la Fiscalía, por un lado, porque atreverse a vincular a Jorge Hernández para allanar el canal, que no es de su propiedad, es grave, gravísimo.

Y como sospecha el director del canal Wilfredo Zepeda, “puede tratarse de una estrategia política en este periodo de campaña”.

Y es que resulta insólito que el principal ente encargado de investigar los delitos, según la Constitución, se equivoque de tal forma. Una torpeza tal sería lamentable, pues, se pone en duda la seriedad y eficacia del principal ente investigador de la República.

Nos parece que este atropello contra el canal Gentevé no debe quedar así. Además de la solidaridad con el canal que ya se inició, hay que demandar internacionalmente a la Fiscalía General de la República por atentar contra la libertad de expresión y de prensa.

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