@joakinsalazar
La Fiscalía General de la República (FGR) apeló la decisión del Juzgado Séptimo de Paz , que otorgó medidas cautelares a la detención, en favor de once imputados del caso de la red de corrupción que beneficiaba al empresario Enrique Rais y que involucró a instituciones como Fiscalía General de la República, Medicina Legal y tribunales salvadoreños.
La apelación fue presentada ante el mismo Juzgado y busca que la Juzgadora cambie su posición y revierta la libertad condicional en contra de los once implicados como el empresario Rais, su sobrino Hugo Blanco, el ex Fiscal Luis Martínez, Julio Arriaza, Néstor Recinos, ex Juez Romeo Giammattei, entre otros.
Ayer, el Fiscal del caso llegó al tribunal para recibir la notificación y el escrito de la resolución de la audiencia inicial realizada el pasado fin de semana en contra de los 11 implicados del caso.
La apelación fue promovida por no estar de acuerdo con el punto especifico de las medidas a los imputados, por lo cual el Juzgado Séptimo de Paz deberá en las próximas horas enviar el proceso a la Cámara Primero de lo Penal de la Primera Sección del Centro, quien decidirá si revierte o no el proceso en contra.
“Esperamos que la Cámara evalúe los elementos indiciarios que fueron presentados en audiencia inicial a efecto de demostrar que efectivamente hay elementos que acreditan la existencia de los delitos, así como la probable participación de los procesados, precisamente, tomando en cuenta que esa fue la base para decretar la instrucción”, explicó el Fiscal del caso.
Y es que a los once involucrados, dos de ellos ausentes del proceso, han sido señalados por la investigación que realizó la Fiscalía como coautores de una red de corrupción, que beneficiaba al empresario Rais a través de procesos judiciales promovidos por sus abogados y que coordinaban la creación de pruebas con miembros de Medicina Legal, hecho que no fue investigado en la administración anterior de la Fiscalía.
Durante la Audiencia inicial, la Fiscalía afirmó que los nueve imputados presentes en el proceso, tienen con la capacidad económica para poder huir, como también de poder incidir en los testigos, situación que fue ignorada por la juzgadora, puesto que admitió los arraigos de la defensa, como contar con empresas, familias y responsabilidades económicas en el país, además de entregar su pasaporte a la orden del Juzgado.
La representación fiscal espera que en los próximos 10 días la Cámara resuelva y que los imputados sean nuevamente llevados a detención de manera provisional.