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El Ministerio Público descartó la denuncia relacionada con la aprobación del Decreto Supremo 4356, del 29 de septiembre de 2020, que amplió la concesión del Registro de Comercio por 15 años adicionales a Fundempresa.
El primer caso se refiere a un préstamo de más de 300 millones de dólares, solicitado al FMI sin el aval legislativo correspondiente, y que representó el pago de más 24 millones de dólares sin haber utilizado el monto.
La segunda denuncia vincula la presunta vulneración de la libertad de expresión, pues con el Decreto Supremo 4200 se usó la Covid-19 de pretexto para penalizar la disidencia y otras libertades y derechos de miles de personas.
La otra solicitud de juicio de responsabilidades admitida provino de quejas de nacionales, quienes durante semanas fueron impedidos de retornar a su patria y permanecieron en condiciones inhumanas en la frontera con Chile en medio de la primera ola de la pandemia.
Mientras el Tribunal Supremo de Justicia remita el pedido a la Asamblea Plurinacional, la Cámara de Diputados funge luego como Ministerio Público y el Senado de Tribunal, en una sentencia que requiere de dos tercios de los votos, según describe el procedimiento el periódico El Deber.
La expresidenta golpista se encuentra detenida desde el 17 de marzo de modo preventivo por seis meses acusada de los delitos de terrorismo, sedición y conspiración, mientras también deberá enfrentar estos procesos por hechos cometidos cuando ejercía la administración nacional.
La prisión de Áñez y otras exautoridades de su Gobierno genera una serie de reacciones contrarias a la búsqueda de justicia de parte de las fuerzas opositoras.
