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La Fiscalía de Bolivia emitió la imputación formal contra la expresidenta de facto Jeanine Añez y los exministros Álvaro Coímbra y Rodrigo Guzmán, por los delitos de terrorismo, conspiración y sedición en el caso del golpe de Estado contra Evo Morales en 2019.
En el caso de Áñez, el Ministerio Público está solicitando la detención preventiva por seis meses que dure la investigación en la cárcel de mujeres de Obrajes en La Paz, mientras que para los exministros se pidió detención en el penal de San Pedro.
La Fiscalía argumenta que de estar libres los imputados, existe el peligro de fuga porque podrían salir del país, pero también podrían influir en otros implicados o testigos.
La imputación relata, como base de la acusación, los hechos que derivaron a la renuncia de Evo Morales en 2019 y la asunción de Añez como presidenta del Estado, cuando ella era vicepresidenta segunda del Senado.
El documento señala que Añez asumió la presidencia “de una forma amañada”.
“Los hechos de violencia y sedición tenían el propósito de consolidar la imposición ilegal e ilegítima de un nuevo gobierno contrario al orden constitucional, esto a la cabeza de Jeanine Añez Chávez…»-
Además, «… un grupo de personas antes de la sesión entre ellos Alvaro Rodrigo Guzmán Collao y Alvaro Eduardo Coimbra Cornejo (posteriormente posesionados como Ministros) y otros”, dice el texto.
Áñez, Coimbra y Guzmán fueron aprehendidos en Beni y luego trasladados a La Paz.
La vista judicial, que puede desarrollarse entre este domingo y el lunes, definirá si estas exautoridades se defienden en libertad o detenidos en una cárcel pública
El requerimiento, que debe ser resuelto por un juez cautelar en el curso de las próximas horas, incluye a los exministros Álvaro Coímbra y Rodrigo Guzmán, para quienes se solicita la detención en la penitenciaría de San Pedro.
La exmandataria y los exministros fueron acusados por los delitos de sedición, conspiración y terrorismo. La imputación fue firmada por los fiscales de materia, Harold Jaramillo, Rudy Terrazas y Omar Mejillones.
Los tres detenidos denunciaron que fueron aprehendidos de forma ilegal, puesto que no habían sido citados con anterioridad.
La oposición de derecha ha montado una campaña denunciando las detenciones, mientras la ONU, la OEA, y la Unión Europea pidieron que se cumpla con el debido proceso en este caso.
