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TeleSUR
La Fiscalía de Perú solicitó este martes al Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria que dicte 18 meses de prisión preventiva contra el expresidente de ese país suramericano, Pedro Castillo, y el exjefe del Gabinete, Aníbal Torres.
Castillo y Torres serán investigados por el presunto delito de rebelión y conspiración, luego de que el 7 de diciembre pasado el exmandatario disolvió el Congreso y trató de instaurar un Gobierno de emergencia, tras lo cual el Legislativo declaró su vacancia.
Se prevé que el Poder Judicial evalúe este miércoles, a partir de las 09H30 hora local, el requerimiento de prisión preventiva a Castillo, el cual fue presentado por el fiscal supremo, Uriel Terán, a cargo del despacho de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos.
Actualmente Castillo cumple detención preliminar por siete días en las instalaciones de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes), en Lima (capital).
Ese plazo vencerá en la tarde de este miércoles, por lo cual el expresidente llamó a sus seguidores a manifestarse pasado el mediodía en las inmediaciones de la Diroes.
La víspera, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema rechazó la apelación presentada por la defensa de Castillo para anular su detención preliminar.
Sin embargo, el presidente de dicha Sala, juez César San Martín, determinó que el maestro y líder sindical oriundo de Cajamarca (norte) cumpla los siete días de prisión preliminar que le impuso el juez Juan Carlos Checkley Soria a solicitud de la Fiscalía.
San Martín consideró que el delito de rebelión no se produce únicamente a través de un levantamiento en armas sino que puede configurarse mediante el intento de quitar autoridad a instituciones democráticas para concentrarlo en un solo Poder.
Por su parte, el exprimer ministro de Castillo, Aníbal Torres, rechazó el 10 de diciembre pasado las acusaciones de la Fiscalía y anunció que pasaba a la clandestinidad.
A través de Twitter, Torres declaró que “la Fiscal de la Nación (Patricia Benavides), sin razón, me ha denunciado por formar parte de una organización criminal y perturbación a la Justicia. Ahora lo hace por rebelión y otros delitos, solo por oír el mensaje presidencial”.
En esa ocasión Torres fundamentó su decisión de pasar a la clandestinidad a partir de considerar que “los fiscales son operadores políticos”.
