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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
“Este caso comenzó por una supuesta sustracción o apropiación de 14 millones de dólares, ahora resulta que ya no. La Fiscalía, frente a los testimonios y pruebas periciales ya le es imposible sostener la acusación que hubo, apropiación o desvío y mucho menos de 14 millones de dólares”, resumió Mauricio Ramírez Landaverde.
La declaración del ex funcionario la dio en el marco de los alegatos finales de la Fiscalía General de la República, y de la defensa de los imputados, en el caso ASOCAMBIO. En este caso, la Fiscalía había sostenido el cometimiento del supuesto delito de “peculado” por parte de los exfuncionarios de seguridad y centros penitenciarios.
“Ahora, la Fiscalía -dice- que el monto en cuestión es de 400 mil dólares, perro estos 400 mil dólares, cuyo detalle de gasto está acreditado en todo el proceso en los documentos, peritajes y testimonios de los testigos, quienes detallaron para que se usaron”, explicó Mauricio Ramírez Landaverde.
“Con ese dinero se pagaron diferentes servicios, se adquirieron bienes como vehículos, bienes muebles, también se arrendaron locales, se compraron insumos médicos y todo tipo de suministros para los programas de las personas privadas de libertad. Y para ellos (Fiscalía) en esto consiste el delito, es decir, hacer estos gastos necesarios y legales”, prosiguió Ramírez Landaverde.
Entre las pruebas presentadas por la defensa de los exfuncionarios y las propias auditorías que presentó la Fiscalía General de la República, dan cuenta que la constitución de ASOCAMBIO fue un “acto legal”, que permitió un ordenamiento fiscal para su operatividad.
Con la creación de ASOCAMBIO también honró derechos laborales y sociales a sus trabajadores con la cobertura al fondo de pensiones (AFPs) y atención médica en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), y que permitió a su vez, que ASOCAMBIO se convirtiera en contribuyente fiscal al Ministerio de Hacienda, al pagar sus impuestos.
“Los gastos que se hicieron la misma ley los ampara, en el sentido que la Ley Penitenciaria establece para qué fines y qué destino van los fondos de las Tiendas Penitenciarias. Y básicamente son dos, primero todos los programas orientados a los privados de libertad. Y segundo, a las necesidades de los centros penitenciarios”, mencionó.
“En el proceso quedaron en claro los fines, fueron gastos para financiar los materiales e insumos para los programas en los Centros Penales. Y segundo, el pago de las necesidades que tenía la Dirección General de Centros Penales, para hacer frente a sus necesidades más inmediatas”, reiteró Ramírez Landaverde.
De forma que ante todas estas pruebas y testimonios el alegato final de la Fiscalía General de la República, cambió respecto a la acusación inicial por la brecha surgida ante la debilidad de la acusación que ya no han podido sostener en esta etapa final.
“Ahora, la Fiscalía ha pedido (a los Jueces) que se nos dicte una sentencia condenatoria por supuestamente haber incurrido en estos gastos de 400 mil dólares, y que no teníamos base legal para hacerlo; pero todo esto se ha logrado desvanecer con los alegatos de la defensa y todo lo que consta en el proceso, que también así lo expresa”, enfatizó.
Cambio de delito para favorecer a la Fiscalía
Para Ramírez Landaverde, es preocupante la tentativa de cambiar la calificación del delito, justo cuando las pruebas presentadas dan sentado que no hubo desvío o apropiación de fondos de ASOCAMBIO por los exfuncionarios.
La audiencia anterior a la de “alegatos finales”, los jueces expresaron ante las partes enfrentadas en la Vista Pública, considerar el cambio de “calificación del delito”, para pasar de “peculado” a administración fraudulenta.
“¿Qué significa esto?, que los jueces con todo lo que han presenciado y escuchado son conscientes que la parte acusadora no puede mantener por más que quiera el delito de peculado y por lo tanto, y admiten que sólo podría llegar a una administración fraudulenta, un delito menos grave, pero aún así, tampoco tienen ningún sustento para este delito”, sostuvo Ramírez Landaverde.
“Al final, -pienso yo- que existe como una pretensión de darle un premio de consolación a la Fiscalía General de la República, claro, es una suposición, pero me preocupa como imputado porque estoy enfrentando el proceso y tengo derecho a expresar mis dudas. Y también a exigir a los señores jueces, una vez más, a resolver a la base de los visto en el proceso”, expresó Ramírez Landaverde.
El ex director de la Policía Nacional Civil y exministro de Seguridad, reiteró que las pruebas fueron “muchas y abrumadoras”, que los exonera de las acusaciones del ente fiscal, y que todo está contenido en los peritajes externos e internos, en los testimonios y otros documentos, por lo que espera justicia en el caso.
“La verdad, aquí, ha salido en el proceso y allí está, las pruebas de descargo son contundentes, son abrumadoras, y como imputados tenemos derecho a exigir también que la autoridad judicial dictamine a la base de ellos. Y en este caso debe tener una resolución de absolución jurídica, es lo único que puede dictaminarse”, indicó.
“De no haber una absolución total, será algo ilegal e injusto. Así que, de forma pertinente hacemos un llamado a que el sistema de justicia se apegue a derecho, a lo legal en cada uno de los procesos que conocen y apliquen la independencia judicial”, puntualizó Ramírez Landaverde.
