Diario Co Latino 134 años comprometido con usted
Artículos relacionados
@JoakinSalazar
“No puedo entrar ni a mi propia casa, ni sacar ropa”, así reaccionó el diputado por el partido de Conciliación Nacional (PCN), Reynaldo Cardoza, quien este lunes le incautaron sus bienes inmuebles de parte de la Fiscalía General de la República (FGR).
“Quieren juzgar mis bienes en dos ocasiones, doble persecución política”, escribió el diputado en sus redes sociales, al denunciar la expropiación de sus bienes, como parte de un proceso a través de la Ley de Extinción de Dominio.
Ayer, la Unidad Fiscal Especializada de Extinción de Dominio procedió a intervenir 12 propiedades a nombre del diputado López Cardoza y de su esposa Alma Yaneth Gutiérrez de López; además de cinco cuentas bancarias que enfrentaron las mismas medidas.
La Fiscalía explicó que de manera simultánea las medidas fueron aplicadas a los inmuebles del legislador, ubicados en Santa Ana, Chalatenango, San Salvador y La Libertad.
“Como Fiscalía hemos materializado las medidas cautelares de embargo en 12 propiedades de López Cardoza y que se aplican mediante una ley especial, que prácticamente es autónoma y que no depende de ningún otro proceso penal ni civil”, aclaró el fiscal.
Y es que la semana pasada, el Diputado culminó su proceso en la Cámara Segunda de lo Civil, por supuesto enriquecimiento ilícito del cual fue declarado no ha lugar, dado que las magistradas no encontraron indicios del ilícito.
“Las medidas cautelares en los bienes, decretadas por Fiscalía, garantizan que el juicio llegue a un buen término, es decir, que las propiedades no sean transferidas a terceras personas y que finalmente pasen a favor del Estado”, afirmó el Fiscal del caso.
De acuerdo al informe de la Fiscalía, los inmuebles, según las escrituras, están valorados en aproximadamente $230 mil dólares y en las 5 cuentas bancarias se han ubicado fondos por un monto de $105 mil dólares, en este caso hay indicios de que López Cardoza tuvo un crecimiento patrimonial no justificado en relación a sus ingresos económicos, dice la Fiscalía.
Con las medidas cautelares, de los bienes del diputado, la FGR cuenta con 90 días para iniciar el proceso ante el Tribunal Especializado de Extinción de Dominio en San Salvador; mientras esto ocurre, todos los inmuebles quedan bajo la administración del Consejo Nacional de Administración de Bienes (CONAB).
Este caso inició a partir de la certificación enviada por la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia a la Fiscalía, para investigar; en tal sentido, se aplica la Extinción de dominio de forma independiente a las acciones penales o civiles que ejerzan otras unidades de la Fiscalía, es decir, la Fiscalía puede ignorar la resolución de un juez, como ha sido el caso de la Cámara de Segunda Instancia que no encontró las evidencias para condenar al diputado pecenista.
