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Joaquín Salazar
@JoakinSalazar
La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Unidad de Lavado de Dinero y Activos, continuó el fin de semana, con el proceso de registro y búsqueda de información en las instalaciones de la Secretaría de Inclusión Social y la Fundación Plenus. El ministerio Público, incautó documentos y equipo informático que servirán para esclarecer los hechos.
En total, 145 fiscales trabajaron en el allanamiento realizado en ambas entidades. La Fiscalía, detalló que se allanó el lugar que legalmente aparece como la Fundación Plenus, donde se encuentra el centro de llamadas, una base de archivos y otras oficinas que pertenecen a la Secretaría de Inclusión Social.
“Durante el procedimiento, los fiscales delegados constataron que la Fundación Plenus no operan en el lugar registrado como oficial y en su lugar lo hace una empresa dedicada a otro rubro”, explica la Fiscalía.
La FGR busca aclarecer una serie de publicaciones de medios de comunicación, como también los documentos que estaban por ser tirados a la basura.
El viernes, la subsecretaria de Inclusión Social, Guadalupe de Espinoza, detalló que la institución posee un índice de gestión documental, que podrá responderse por cada uno de los documentos ante la Fiscalía y en ningún momento se ha destruido documentación oficial.
La semana pasada un periódico difundió la noticia de la creación de una ONG, que presuntamente cobró por consultorías para la implementación de Ciudad Mujer en otros países. Hecho que ha sido negado por la creadora de esta iniciativa Vanda Pignato.
A través de sus redes sociales, Pignato aseguró: “quiero aclararles los últimos acontecimientos: tres mentiras de la Prensa Grafica, una conferencia de prensa del sindicado de derecha de la SIS y posteriormente aparecen esos documentos. Nos les parecen que todo eso es raro, Quienes están detrás de todo eso y vienen con más”, preguntó.
Pignato, considera prudente que la FGR haga las investigaciones correspondientes, para aclarar los hechos.
La Fiscalía, prosiguió este domingo con allanamientos en la Unidad de Seguridad Alimentaria, un centro de llamadas y una oficina llamada técnicas de gestión territorial y del conocimiento.
