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@JoakinSalazar
El titular de la Fiscalía General de la República, buy cialis Luis Martínez, here informó que solicitará ante la Corte Suprema de Justicia, cialis sale que se realice un antejuicio para los jueces de sentencia, involucrados a la red delictiva del crimen organizado en el oriente del país.
Los acusados, Enrique Alberto Beltrán, juez especializado de sentencia, y José Rodolfo Castillo, juez suplente especializado de sentencia, ambos de San Miguel, son acusados de negociar con pandilleros, para concederles ciertos beneficios a cambio cuantiosas sumas monetarias.
El Fiscal aseguró que serán acusados por el delito de cohecho, que consiste en que un funcionario público acepta dinero a cambio de omitir o realizar un acto de acuerdo a su cargo.
Este delito está sancionado en los Artículos 310, 330 y 331, del Código Penal, en perjuicio de la administración de justicia y de la administración pública.
El Fiscal, expresó que los jueces de sentencia, se beneficiaron a través de las negociaciones con imputados, en más de 50 casos, obteniendo cientos de miles de dólares, por lo que reiteró que ya está en proceso la solicitud ante la Corte Suprema de Justicia, para que inicie un antejuicio contra ellos.
Los imputados, forman parte de una red de narcotráfico desarticulada por la Fiscalía, la cual informó que se procedió a la captura de supuestos miembros de la banda y vínculos con pandillas, que es un caso aislado al del padre Toño, de los cuales hicieron un total de 59 detenciones, además de 61 personas que ya están pagando penas en los centros penales.
En la estructura desmantelada, según el ministerio público, están implicados diez abogados, doce agentes de la PNC, ex fiscales y magistrados de Tribunales.
José Timoteo Mendoza Flores, Alias “El Chory”, líder nacional de la pandilla 18, de la denominación los sureños, quien se encuentra recluido en el penal de Cojutepeque, también era parte de la estructura.
La FGR, en conjunto con la Policía Nacional Civil (PNC), inició en enero 2014 una investigación, después de la fuga de información de un operativo realizado en diciembre de 2013, donde se tenía previsto capturar a delincuentes en la zona oriental del país.
A raíz de la investigación, se descubre una red delictiva, que involucra pandilleros, narcotraficantes, abogados, jueces, fiscales, policías, empleados de juzgados, los cuales operaban desde Colombia, El Salvador y Estados Unidos, afirma la Fiscalía.
Entre otros detenidos se encuentran 12 policías, donde destaca el jefe de la División Antinarcóticos en el oriente del país, identificado como José Mayén Rodríguez Torres; dos empleados de la Fiscalía General de la República; y tres del Órgano Judicial (Tribunales), que supuestamente ayudaban a los pandilleros para favorecerlos en las resoluciones judiciales.
Esta red delictiva, es acusada de cometer más de 18 homicidios, 17 conspiraciones para realizar asesinatos y 5 extorsiones en la zona oriental del país.
Según fiscales del caso, la estructura criminal, tiene una vinculación directa con José Enrique Torres y Juan Colorado, procesados en el año 2009, por su participación con la banda de “Los Perrones”, quienes tenían el contacto con Luis Edgardo Arévalo, encargado de transportar droga desde Colombia a El Salvador.
“No podemos permitir más que nuestras instituciones estén caminando en la podredumbre, la corrupción y que colaboren a sepultar este país en la vergüenza e indignación ciudadana… a los delincuentes no se les pide opinión si no responsabilidades”, reiteró Martínez.
