“La FGR en colusión con otras instituciones del Estado, fabricó cargos contra los habitantes de La Floresta, para justificar su despojo y criminalización”.
Alma Vilches
@AlmaCoLatino
Las organizaciones y movimientos populares integrados en el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP) denunciaron que la Fiscalía General de la República (FGR) ha iniciado una campaña de persecución y hostigamiento judicial contra de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos y Comunitarios (UNIDEHC).
María Inés Dávila, del Movimiento Universitario Pensamiento Crítico, manifestó que estas acciones han sido especialmente en contra de Fidel Zavala, vocero de UNIDEHC y defensor de derechos humanos, quien denunció las torturas cometidas en las penitenciarías de El Salvador, actualmente prisionero por cargos falsos.
Asimismo, contra los abogados Ivania Cruz y Rudy Joya, quienes han sido objeto de acoso, órdenes de captura y amenazas, debido a su trabajo de acompañamiento a comunidades en situación de vulnerabilidad.
“La FGR está perpetrando contra UNIDEHC y sus integrantes un vano intento por acallar la lucha social y la defensa de los derechos del pueblo salvadoreño, esta persecución se da en un contexto de represión contra las organizaciones defensoras de derechos humanos y movimientos populares”, recalcó Dávila.
Destacó que Zavala, vocero de UNIDEHC, fue capturado arbitrariamente y procesado bajo acusaciones sin fundamento, constituyéndose en un preso político del Estado salvadoreño. La fiscalía ha instrumentalizado el sistema judicial, para fabricar delitos y encarcelar injustamente a quienes denuncian la corrupción y los abusos del régimen.
A la vez, indicó que en los últimos años UNIDEHC ha impulsado diversas acciones legales contra funcionarios responsables de violaciones a derechos humanos. En julio de 2024 denunció a Rolando Castro, ministro de Trabajo, por violaciones a la libertad sindical y despidos masivos injustificados. En ese mismo mes y año, a Romeo Rodríguez, ministro de Obras Públicas, por desalojos violentos y daños a vendedoras en la Costa del Sol.
UNIDEHC también presentó una denuncia contra René Merino Monroy, ministro de Defensa, por la detención arbitraria y tortura de ciudadanos bajo el Régimen de Excepción. De igual manera, una denuncia contra Osiris Luna, director general de centros penales, por torturas y muertes dentro del sistema carcelario.
En noviembre de 2024, se presentaron 17 avisos penales contra miembros de la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fuerza Armada por capturas arbitrarias de personas sin vínculos con estructuras criminales.
“Como respuesta a estas denuncias, la FGR ha desatado una campaña de criminalización contra UNIDEHC y sus integrantes, evidenciando su papel como instrumento del régimen del Clan Bukele para reprimir y silenciar la resistencia popular, de quienes denuncian los abusos institucionales y la violencia estructural que enfrenta el pueblo salvadoreño”, sostuvo.
UNIDEC ha acompañado y promovido la defensa de comunidades y comerciantes que enfrentan desalojos injustificados impulsados por las autoridades. En diversas ocasiones ha documentado y denunciado la violencia ejercida por cuerpos de seguridad, en contra de familias trabajadoras que han sido despojadas de sus viviendas y medios de subsistencia.
Según el BRP, casos recientes como los desalojos en San Salvador, La Paz y La Libertad, demuestran el uso del Régimen de Excepción para desplazar a comunidades enteras en favor de intereses empresariales y de especulación inmobiliaria; la criminalización de UNIDEC busca impedir que esas denuncias trasciendan, y que la población afectada no pueda organizarse en defensa de sus derechos.
El Bloque reiteró que el acompañamiento de UNIDEHC a la comunidad La Floresta en San Juan Opico, La Libertad, ha sido parte de su labor legal y reivindicativa en defensa de los derechos territoriales y el acceso a vivienda digna, pero como represalia, el gobierno ha criminalizado a la comunidad y ordenó la captura de 24 habitantes del sector, quienes actualmente enfrentan un proceso judicial injusto y arbitrario.
“Nos solidarizamos con las familias afectadas y exigimos su liberación inmediata, así como el cese de la persecución judicial contra quienes defienden sus derechos, exigimos libertad inmediata para Fidel Zavala y todas las personas presas por razones políticas; cese de la persecución judicial contra los abogados Ivania Cruz y Rudy Joya”, recalcó el BRP.
Este 17 de marzo el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador instaló la vista pública contra Fidel Zavala, precisamente el Tribunal donde había sido declarado inocente, y la Sala ordenó repetir el juicio.
La vista pública continuará el jueves 20 de marzo, debido a la petición de la defensa para conocer el caso porque ese mismo día de la instalación fue acreditado como abogado defensor.
El vocero de UNIDEHC es acusado por la FGR, de supuesta estafa agravada en perjuicio de cuatro víctimas, además, en el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado lleva otro proceso por el caso de la comunidad Hacienda La Floresta.
Alerta por detención Fidel
Ante la captura de Fidel Zavala y persecución política de los abogados de UNIDEHC, la Organizacion Mundial contra la Tortura (OMCT) envío una alerta urgente al Observatorio para los defensores de derechos humanos.
“El Observatorio denuncia la detención arbitraria de Fidel Zavala y los actos de hostigamiento y allanamiento contra Ivania Cruz y UNIDEHC, que constituyen represalias e intimidación por su labor de defensa de derechos humanos y de denuncia de malos tratos, tortura y detenciones arbitrarias”, menciona la alerta.
El Observatorio pidió a las autoridades salvadoreñas liberar de manera inmediata e incondicional a Zavala y poner fin a todo acto de hostigamiento contra él, así como contra Ivania Cruz y UNIDEHC.
También, exigió a las autoridades de El Salvador frenar la persecución sistemática y el hostigamiento físico y judicial contra las personas defensoras, comunidades y organizaciones de derechos humanos que defienden derechos en el país.