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@JosMejia
En el transcurso del año, patient la Fiscalía General de la República ha realizado cinco visitas al caserío El Mozote para empezar a dar cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de investigar los hechos en un plazo razonable. Su interpretación de la sentencia también concluye que mejor abrirá un nuevo proceso judicial en lugar de reiniciar el que empezó a inicios de los años 90.
El Ministerio Público inició la investigación de este crimen después de 33 años para recolectar pruebas testimoniales y científicas y así determinar quiénes cometieron la Masacre de El Mozonte. Mario Jacobo, rx asesor en casos de violaciones a Derechos Humanos de la Fiscalía General de la República (FGR), afirmó que después de analizar el texto de la sentencia “se abrirá un nuevo proceso judicial porque el anterior ya es cosa juzgada y no se puede reabrir el caso”.
Rogelio Poncele, párroco de la ciudad de Perquín y uno de los primeros testigos de la masacre de El Mozote, a quien la Fiscalía convocó para tomar su testimonio, un tanto perplejo por la entrevista, afirmaba que le alegraba que la FGR estuviera haciendo su trabajo, aunque le daba tristeza porque “esto se tenía que haber hecho en diciembre de 1981, pero se puso un montón de excusas y obstáculos para que se investigara este hecho. Además quién no sabe que esto fue cierto y que ya hay pruebas de quiénes fueron las víctimas y sus ejecutores”.
El numeral 3 de la sentencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dispone: “El Estado debe, en un plazo razonable, iniciar, impulsar, reabrir, dirigir, continuar y concluir, según corresponda, con la mayor diligencia, las investigaciones de todos los hechos que originaron las violaciones declaradas en la presente Sentencia, con el propósito de identificar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables, de conformidad con lo establecido en los párrafos 315 a 321 de la presente Sentencia”.
Para la Fiscalía, este párrafo es un abanico de opciones y no únicamente apegarse a la reapertura del caso, en donde ya se había avanzado con recolección de testimonios e incluso las exhumaciones de casi 200 osamentas de algunos pobladores que fueron masacrados en un operativo del extinto Batallón Atlacatl, dirigido en ese entonces por el coronel Domingo Monterrosa.
“Se abrirá un nuevo proceso, porque el anterior está cerrado, no existe recurso legal para interponer una reapertura, ya que se sobreseyó definitivamente a los culpables y futuros señalados en este caso”, asegura Jacobo.
Con respecto al viejo proceso y las pruebas que se encontraron “se certificará la información y se incorporará al nuevo proceso”, concluyó el representante de la FGR.
Sobre la recolección de testimonios, asegura que “son personas a las que no se les había entrevistado”.
A pesar que el Juez Segundo de Primera Instancia de San Francisco Gotera, Jorge Alberto Guzmán Urquilla no ha admitido la solicitud para reabrir el caso e invalidar lo que está dispuesto en la Ley de Amnistía de 1993 sobre crímenes de lesa humanidad, la FGR convocó a los habitantes, víctimas y familiares, para que cinco fiscales tomaran el testimonio de los hechos y estos se agreguen a la investigación judicial que se iniciará para dar con los culpables de este crimen.
Hasta el viernes al mediodía habían sido recolectados más o menos 25 testimonios de familiares y testigos de la masacre.
“Las entrevistas son parte de un proceso administrativo que la FGR de oficio realiza”, expresó Jacobo ante la solicitud de la CIDH de reabrir el proceso, investigar y procesar a los culpables para hacer justicia.
Además de la recolección de testimonios, a la delegación de la FGR la acompañó el criminalista Israel Ticas, quien se ha encargado de escuchar a los familiares de víctimas que están interesados en exhumar a sus parientes, para determinar las posibles “escenas del crimen” donde excavar y buscar pruebas que determinen cómo sucedieron los hechos.
La visita de la FGR al caserío El Mozote en el departamento de Morazán duró tres días y una de las primeras reuniones con los pobladores de la localidad fue para dar a conocer el mapeo de 28 lugares donde el Ministerio Público ha establecido probables “escenas del crimen” y donde posteriormente junto a los equipos multidisciplinario de forenses que designe el Instituto de Medicina Legal (IML) de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), se continuará realizando las exhumaciones de más pobladores que murieron entre el 10 y el 12 de diciembre de 1981, para encontrar prueba científica que determine cómo fueron asesinadas, determinar supuestos culpables y causas de muerte. Los fiscales aún no pueden precisar cuándo iniciarán las exhumaciones, ni con quiénes se realizará, pero mientras tanto, los familiares, representantes legales de las víctimas y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos están a la expectativa del curso de las investigaciones.
Wilfredo Medrano, abogado defensor de las víctimas en el caso dice que “no es imposible reabrir el caso”, pero no ve del todo mal que se inicie un nuevo proceso incorporando la información previa de la investigación, aunque asegura, hay que esperar la decisión del juez con respecto al mismo.
Los familiares de los masacrados colaboran en las pesquisas y el trabajo de la Fiscalía, pero aún no han sido notificados de cuál es la decisión definitiva sobre este caso y qué es exactamente lo que se está haciendo. En lo que sí coinciden según los testimonios y confirmación de los fiscales es que ahí hubo una masacre perpetrada por militares y que aún están pendientes de justicia.
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