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Sorpresa ha generado, sin lugar a dudas, el allanamiento que la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil (PNC) realizó la mañana de ayer en la Corte de Cuentas de la República (CCR).
Más sorpresa habrá provocado, al conocer que la Fiscalía, a petición de un ciudadano, ha iniciado un proceso de investigación contra funcionarios y técnicos de la CCR, por casos prescritos y que son de exclusiva responsabilidad del organismo contralor del Estado.
Mario Salazar, Director de Intereses del Estado de la Fiscalía General de la República, informó que el Estado salvadoreño dejó de percibir más de dos millones dólares en concepto de procesos administrativos en contra de funcionarios y exfuncionarios, de casos que ahora están prescritos, todo por la negligencia de jueces o autoridades de la CCR, al no promover los procedimientos judiciales pertinentes.
El representante del Ministerio Público ha dicho que secuestraron de la Corte de Cuentas, 48 expedientes que los responsables de las Cámaras de Primera Instancia de la Corte de Cuentas de la República (CCR) dejaron que prescribieran.
Nos parece, más allá del asombro ocasionado, muy positivo que la Fiscalía General de la República se interese en conocer o investigar a los responsables de que los procesos prescriban, pues, en la ciudadanía existe la percepción de que dichas acciones suceden por favorecer a un funcionario, y de paso favorecer a quien le ayuda al funcionario a evadir una responsabilidad.
No tenemos claro si la acción es de exclusividad contra el funcionario o funcionarios que permitieron la prescripción de un caso ventilado en la CCR, o si se puede, proceder contra el exfuncionario infractor, pese a la prescripción de los casos.
Lo ideal sería que tanto el infractor como el funcionario de la CCR que permitió que el caso feneciera, fueran alcanzados por las pesquisas de la Fiscalía, pues, al final, de lo que se trata es que el Estado recupere lo defraudado.
Y es que la figura de la prescripción cuando es inducida no debería tomarse como tal, pues, es producto de un fraude de ley.
No obstante, más allá del alcance de este procedimiento novedoso de la Fiscalía, lo importante es que deja buenas señales: que la Fiscalía puede actuar en defensa de los intereses del Estado, y por ende de los salvadoreños, en cualquier momento, y eso deben tenerlo presente todos los funcionarios.
Que bueno hubiera sido que entre los 48 expedientes que secuestró la Fiscalía, producto del allanamiento, hubieran estado los casos del ISSS, cuando era directora la ahora diputada Ana Vilma de Escobar, quien tiene pendiente la explicación de lo ocurrido con los fondos en FECEPE.
