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Por Leonel Herrera*
Como “maniobra sucia”, califican los representantes de Santa Marta y ADES, al intento de la Fiscalía General de la República de apartar a uno de los jueces de la Cámara Penal de Cojutepeque, instancia que resolverá sobre la apelación presentada por la defensa legal de los líderes comunitarios y defensores ambientales detenidos arbitraria e injustamente el pasado 11 de enero bajo la sospechosa acusación de cometer un asesinato durante la guerra civil.
(https://twitter.com/ades_sm/
El abogado defensor de los luchadores sociales solicitó a la referida Cámara revertir la cuestionada resolución del Juzgado de Primera Instancia de Sensuntepeque que denegó la petición de otorgar medidas sustitutivas a la detención provisional y ratificó la prisión preventiva a pesar de la delicada situación de salud de los detenidos que padecen enfermedades crónicas, a la inexistencia del peligro de fuga y aun cuando en otros procesos judiciales relacionados con delitos del conflicto armado los acusados son procesados en libertad.
En respuesta, la Fiscalía arremetió contra la Cámara y pidió a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia recusar al magistrado Martín Rogel Zepeda, un juez de reconocida trayectoria de independencia e imparcialidad. Según publicó un periódico, la Fiscalía “sospecha” que el magistrado Rogel es pariente de la ex diputada del FMLN Ileana Rogel y -por tanto- podría parcializarse en favor de los detenidos pues éstos pertenecieron a la ex guerrilla del FMLN.
Según la referida nota informativa, el magistrado Rogel respondió negando tener algún parentesco con la ex diputada. Sin embargo, aún cuando existiera el parentesco “sospechado” por la Fiscalía, es irresponsable afirmar que por ese simple hecho el juez fallará a favor de los “ex guerrilleros”; y resulta todavía más penoso que una instancia con todas las facultades, capacidades y recursos para investigar presente mociones basadas en “sospechas”, sin acreditar con pruebas y argumentos los señalamientos que realiza en procesos penales.
Lo que hay detrás de la aberrante acción fiscal es, como bien dicen los representantes de Santa Marta y ADES, la confirmación de la debilidad jurídica de la acusación penal contra los líderes ambientalistas. Es decir, ante la falta de pruebas reales de la existencia de los delitos imputados y de la participación de los detenidos, la Fiscalía opta por atacar a la Cámara buscando apartar del conocimiento de la apelación a un magistrado que actuaría apegado a la ley.
En realidad es Fiscalía la que busca parcializar la resolución de la Cámara, no el magistrado Rogel; parcializarla a favor de una acusación fiscal sin pruebas reales y contra los defensores ambientalistas que guardan prisión injusta e innecesariamente. La Fiscalía busca a toda costa que este arbitrario proceso judicial continúe y que los detenidos sigan encarcelados: es la fuerza del Estado contra estos líderes comunitarios que tanto bien han hecho al país cuidando el agua, el medioambiente y la vida, sobre todo frente a la amenazante minería metálica.
Los representantes de Santa Marta, ADES y de las organizaciones que les apoyan también denuncian condiciones carcelarias precarias y violatorias de derechos de los luchadores sociales detenidos, señalando especialmente dificultades para el acceso a alimentos, medicinas y colchonetas para dormir. Por tanto, hacen un llamado urgente a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y a la Cruz Roja Internacional.
Finalmente, volviendo a la acción de la Fiscalía, Dios quiera que la Sala de lo Penal reflexione sobre el antecedente nefasto que sentaría aceptar una petición basada en “sospechas” y permita que la Cámara de Segunda Instancia de Cojutepeque resuelva la apelación presentada por la defensa de los líderes comunitarios apegado a la ley y a los derechos humanos de estas personas que son víctimas de una manipulación e instrumentalización de la justicia que -con el pretexto de investigar un delito de la guerra civil- busca debilitar la resistencia anti minera.
*Periodista y activista.
