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Por Jennifer González Covarrubias
México/AFP
A casi dos años de la desaparición de 43 estudiantes en México, la fiscalía recula sobre su llamada «verdad histórica» que sostenía que fueron incinerados en un basurero, investiga a más policías y prepara nuevas búsquedas en la región.
El subprocurador de Derechos Humanos de la fiscalía, Eber Betanzos, admitió en entrevista con la AFP que lo único que tiene la fiscalía son «líneas de investigación, sin que haya ninguna que sea conclusiva».
Un grupo de expertos independientes designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que trabajaron en México durante un año refutaron la llamada «verdad histórica» que sostenía que los estudiantes de la escuela rural de Ayotzinapa, de Guerrero (sur), habían sido incinerados en un basurero.
Basados en análisis hechos por el especialista en dinámica de fuego José Torero, los expertos de la CIDH emitieron dos informes que echaron por tierra esa conclusión en un caso que ha indignado a la comunidad internacional, poniendo en entredicho al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.
A partir de entonces, la fiscalía fue matizando su resolución, y lo último que había sostenido era que al menos una buena parte de ellos habrían sido incinerados.
Por recomendaciones de los expertos de la CIDH, la fiscalía contrató a expertos de Alemania, Canadá, España, Estados Unidos y México para hacer un nuevo peritaje.
Ese análisis «concluye que en ese lugar pudo haber ocurrido un evento de fuego controlado en las fechas en donde ocurrieron los hechos sin que haya un señalamiento de vinculación de que ese evento de fuego haya tenido por destino alguno de los estudiantes que estamos buscando», dijo Betanzos.
Según las autoridades, los chicos fueron atacados la noche del 26 de septiembre de 2014 por policías corruptos de Iguala (Guerrero, sur) mientras tomaban autobuses para sus actividades políticas y, luego, fueron entregados a miembros del cártel Guerreros Unidos.
Pero ahora su destino final es un misterio.
El exfiscal general, Jesus Murillo Karam, había declarado en enero 2015 que la «verdad histórica» era que los narcotraficantes asesinaron a los jóvenes, incineraron sus cuerpos en el basurero de Cocula y esparcieron sus restos en bolsas en un río.
Pero en septiembre 2015, Tomás Zerón, el entonces director de la Agencia de Investigación Criminal de la fiscalía, dijo que un «grupo importante» fue incinerado en el basurero, «sin poder afirmar que fueron los 43».
Ahora, según Betanzos, «lo que tiene la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía general) es una investigación que está abierta, una investigación que no descansará hasta que esto se aclare» el crimen.
Zerón, cuyo manejo de la investigación fue criticado por los expertos, renunció a su cargo el miércoles, aunque Peña Nieto lo nombró como secretario técnico del Consejo nacional de seguridad horas después.
Por su parte, Torero continúa cuestionando la teoría del incendio. La revista Science publicó esta semana un experimento de Torero en el cual quemó cerdos para demostrar que fue imposible incinerar a los 43 estudiantes en una pira de fuego.
Más policías bajo investigación
El expediente de la fiscalía tiene más de 200.000 fojas elaboradas con testimonios de más de un centenar de personas detenidas, pero ha decidido ampliarlo aún más investigando a corporaciones policiacas de otras localidades aledañas a Iguala.
Las investigaciones «se han extendido a elementos de Huitzuco y a elementos de policías que están en municipios cercanos», adelantó el subprocurador sin decir ubicaciones precisas.
La fiscalía busca trabajar en la «profundización respecto de aquellos señalamientos que por ejemplo orientaban a otras fuerzas municipales» para «precisar los grados de participación que pudieron tener estas otras corporaciones municipales dentro de los lamentables hechos», detalló Betanzos.
Los expertos de la CIDH insistieron en que se investigara más sobre la eventual responsabilidad por participación directa u omisión de las fuerzas de seguridad federales, pero hasta el momento «no hay líneas de investigación que lleven a apuntar hacia una responsabilidad de fuerzas federales en los hechos».
Aún hay esperanzas
La fiscalía ha tratado de poner fin al misterio del paradero de los estudiantes buscándolos en un total de 845 puntos, y ha encontrado algunos cadáveres en fosas clandestinas pero ninguno ha sido de ellos, dijo el subprocurador.
«Todos los puntos de búsqueda que se han señalado (por parte de los familiares o del grupo de expertos de la CIDH) han derivado en una acción de búsqueda», expuso.
La fiscalía ha buscado incluso en el llamado Pozo Meléndez, situado cerca de la carretera de Iguala-Taxco, de Guerrero, que es una grieta de cientos de metros de profundidad, usada desde épocas de la Revolución Mexicana (1910) para deshacerse de cadáveres, según la leyenda de lugareños.
Ahora los investigadores de la fiscalía han recurrido a tecnología LIDAR, que con un haz de láser permite obtener fotografías térmicas de las capas de tierra, con las que se volverán a revisar sitios ya explorados y otros «nuevos puntos» que no pueden ser revelados aún, dijo Betanzos.
Una fuente del gobierno federal dijo bajo anonimato que esos nuevos puntos son alrededor de un centenar, que algunos están en los municipios de Huitzuco y Apipilulco y que será en octubre cuando inicien esas búsquedas.
Cuestionado sobre las esperanzas que guarda para dar con los estudiantes, Betanzos respondió categórico que «todo es posible».
