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Por Leonel Herrera*
Tal como han denunciado Santa Marta y ADES, la Fiscalía General de la República (FGR) “sigue empeñada en impedir que prevalezca la legalidad, el debido proceso y la justicia para los líderes comunitarios que fueron sobreseídos definitivamente el pasado 18 de octubre por el Juzgado de Sentencia de Sensuntepeque”.
Por eso esta semana apeló ante la Cámara de la Segunda Sección del Centro de Cojutepeque. El escrito presentado por la representación fiscal es un verdadero escándalo: carece de solidez argumentativa, trata a las juezas como ignorantes y solicita cosas tan absurdas como repetir el juicio en otro tribunal (que resuelva como Fiscalía quiere).
La bajeza del documento sugiere que la acción fiscal no es un intento serio de revertir el fallo absolutorio dado por el Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque, sino una simple maniobra para retrasar y postergar la libertad definitiva de los activistas ambientales. Es solo para alargar el sufrimiento de los injustamente procesados, de sus familias y de su comunidad.
Esto confirma que nunca existió un caso real, sino una espuria acusación inventada para perseguir a un grupo de ex combatientes guerrilleros no por delitos de la guerra, sino por lo que hacen ahora: cuidar el agua, proteger los ecosistemas y procurar la continuidad de la vida gravemente amenazada por la posible reactivación de proyectos mineros.
Los personeros de la Fiscalía arremeten en forma artera contra el Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque acusando a las juezas de aplicar equivocadamente las leyes penales del país y los tratados internacionales, y vuelven a mentir diciendo que existen “suficientes pruebas” para una sentencia condenatoria contra los acusados.
Es reprobable que Fiscalía gaste tiempo y recursos en requerimientos falsos, en vez de aprovecharlos investigando verdaderos delitos de la guerra, empezando por las masacres cometidas contra Santa Marta, donde murieron centenares de civiles, principalmente mujeres, ancianos y niños.
Por tanto, es pertinente el llamado a la Cámara Penal de Cojutepeque a que “no admita la referida apelación y ratifique la decisión del Juzgado de Sentencia de Sensuntepeque que ha actuado de manera independiente, apegado a la ley y sin dejarse presionar por intereses extrajudiciales que conspiran para condenar a los ambientalistas”.
En un comunicado difundido ayer, Santa Marta y ADES recuerdan que “el fallo del Juzgado de Sentencia de Sensuntepeque responde al mandato de la Cámara Penal de Cojutepeque, que en dos ocasiones le trasladó la decisión de definir si los hechos imputados constituían o no delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra”.
“Atendiendo a dicho mandato, las juezas de sentencia analizaron el caso y de manera unánime determinaron que los supuestos ilícitos planteados por la Fiscalía no se ajustaban a la definición de delito de lesa humanidad ni a la de crimen de guerra establecidas en el Estatuto de Roma y en los Convenios de Ginebra”, plantea el comunicado.
Por tanto, ésa sería la razón primordial por la que los magistrados deben rechazar la apelación fiscal, además de la falta de argumentos y algunos vicios de forma del escrito. Por legalidad, por justicia y por el bien del país, la absolución de los ambientalistas debe ser ratificada.
Los ojos del mundo siguen puestos en El Salvador, mirando con asombro y preocupación el intento fiscal de prolongar esta instrumentalización del sistema penal para perseguir al activismo ambiental y la manipulación la justicia restaurativa y transicional para criminalizar a defensores ambientales que advierten sobre los peligros del extractivismo minero.
*Periodista y activista social.
