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Redacción Nacionales
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Pese a que aún no se ha comprobado nada en contra de los líderes de Santa Marta, Cabañas, detenidos hace más de seis meses, la FGR insiste en que necesita más tiempo para investigar la acusación que recae sobre los capturados.
Los acusados son Alejandro Laínez García, Saúl Agustín Rivas Ortega, Fidel de Dolores Recinos, Teodoro Antonio Pacheco, Miguel Ángel Gámez, Pedro Antonio Rivas Laínez.
Dennis Muñoz, abogado defensor de los cinco ambientalistas de Cabañas, ha dejado en claro que se deben revisar las medidas, que se les cambie la detención, porque todos los capturados son adultos mayores que padecen enfermedades crónicas. Sin embargo, este martes se conoció que el Juzgado de Primera Instancia de Sensuntepeque, dio a la Fiscalía General de la República seis meses más para investigar, alargando así la etapa de instrucción que vencía este 2 de agosto, pero a la vez ordena que los detenidos sigan en prisión.
La justificación del ente fiscal es que no han terminado las diligencias de investigación, porque no pueden aún fundamentar la acusación.
En la resolución del juzgado se explica que la FGR no realizó todas las diligencias de acusación, por lo que no pueden fundamentar el caso del supuesto crimen de María Inés Alvarenga Leiva, supuestamente ocurrido en agosto de 1989, y al realizar la exhumación no encontraron el cuerpo de la víctima.
Sobre la reserva del caso esta continuará, ya que el juzgado negó la petición fiscal de que fuera reserva parcial.
Hay que destacar que sobre la captura de estos cinco lideres comunitarios se han pronunciado organizaciones nacionales e internacionales, demandando su liberación inmediata de los detenidos.
Una de estas es la Asociación Americana de Juristas (AAJ), que condenó la “criminalización por parte del Estado salvadoreño contra las comunidades y organizaciones, así como el uso del Sistema Justicia para la persecución política”.
La AAJ agrega que el proceso penal es una “manipulación de la justicia”, con el objetivo de “criminalizar y perseguir a luchadores sociales y a las comunidades”.
También, un grupo de 17 miembros de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos envío una carta al Secretario de Estado, Antony Blinken, haciendo eco de las demandas de organizaciones ambientalistas y de derechos humanos estadounidenses, a favor de los ambientalistas capturados.
