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En horas de la tarde de este miércoles, la Fiscalía General de la República giró una orden administrativa de captura en contra de René Mario Figueroa, exfuncionario de la gestión presidencial de Elías Antonio Saca. Figueroa ocupó el cargo de ministro de Justicia y Seguridad Pública entre los años 2007 y 2009.
Al exfuncionario, según detalló la fiscalía se le atribuye el presunto cometimiento del delito de lavado de dinero y activos.
Figueroa fue demandado civilmente por presunto enriquecimiento ilícito en julio pasado, después de que la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia encontrara hasta dieciocho irregularidades en su declaración patrimonial y la de su cónyuge.
La FGR busca recuperar $1,028,974.54 mediante el juicio civil contra Figueroa y su cónyuge.
En términos individuales el exministro de seguridad pública debería restituir al Estado salvadoreño $871,640.99; mientras Cecilia Alvarenga de Figueroa $157,333.55.
Minutos después de conocerse el requerimiento fiscal en su contra, el exfuncionario aseguró que él mismo se había puesto a disposición de las autoridades al considerarse inocente de las acusaciones.
El fiscal general de la República Raúl Melara publicó en su cuenta de Twitter: “La lucha contra la corrupción continúa y vamos por más”, en referencia a la captura de Figueroa.
FGR pide sobreseer de varios delitos a exfiscal general Douglas Meléndez
La Fiscalía General de la República solicitó este miércoles al juzgado Primero de Paz de San Salvador decretara sobreseimiento definitivo a favor del exfiscal general de la República Douglas Meléndez, detalló el Centro Judicial Isidro Menéndez de esta capital a través de un comunicado.
La fiscalía habría solicitado el sobreseimiento de carácter definitivo para Meléndez “al no contar con las pruebas que sustentaran la acusación”, indicaba el comunicado difundido la tarde de ayer.
La instancia judicial recibió el 20 de septiembre anterior un requerimiento fiscal en contra del extitular del ministerio público, acusado por los delitos de omisión de la investigación, incumplimiento de deberes, actos arbitrarios y desobediencia en perjuicio de la administración de justicia y la administración pública.
