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Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
La mañana de este miércoles, la Fiscalía General de la República, controlada por el fiscal impuesto por Nuevas Ideas, Rodolfo Delgado, siguió con los allanamientos en las oficinas de los fiscales que investigaron a funcionarios del actual Gobierno por actos de corrupción. La acción del Ministerio Público es para incautarles materiales que estén relacionados al caso.
En la sede de la FGR sobre la avenida Olímpica, en San Salvador, se hicieron presente los fiscales leales a Delgado para incautar el material de la oficina donde tenía aparentemente las herramientas de trabajo el exfiscal Germán Arriaza, quien llevaba el mando del Grupo Especial Antimafia (GEA), donde investigaba actos de corrupción en el actual Gobierno como la negociación con las pandillas salvadoreñas, la Mara Salvatrucha (MS-13) y la pandilla 18 Sureños y Revolucionarios.
El Ministerio Público ha iniciado una investigación en contra de siete fiscales que investigaron a varios funcionarios de la actual administración entre marzo de 2020 y abril de 2021, por haber negociado con las pandillas, apropiarse alimentos que iban destinados a familias salvadoreñas durante la pandemia y firmas de contratos que favorecieron a familiares de funcionarios en la compra de equipo médico durante lo más crítico de la pandemia por COVID-19.
En la Investigación del Grupo Especial Antimafia (GEA) y el Grupo Contra la Impunidad (GCI) destacaron al director de Centros Penales, Osiris Luna, el director de Reconstrucción del Tejido Social, Carlos Marroquín y la jefa de Gabinete, Carolina Recinos.
Según reveló el periódico digital, El Faro, la FGR pidió autorización al Juzgado 5to de Paz de San Salvador para allanar los puestos de trabajo de los fiscales que investigaron los casos de corrupción del GOES. Según informó el medio, “la Fiscalía actual justificó los allanamientos diciendo tener información para concluir que revelaron información confidencial”.
Por su parte, el juez Rafael Antonio Iraheta Tamayo concedió el permiso para el allanamiento desde el pasado lunes 10 de enero, a las 8 de la mañana, hasta este miércoles 12 de enero, a las 12 del medio día. El Faro tuvo acceso a la orden judicial donde establece que la finalidad del allanamiento es “incautar objetos que se utilizaron para la revelación o divulgación de hechos, actuaciones, información o documentación que debería permanecer en reserva. Así como la información obtenida en el curso de la intervención de las telecomunicaciones autorizadas judicialmente relacionado al expediente (…). Y que se encuentran relacionados con la comisión de los delitos de divulgación de material reservado, revelación de hechos, actuaciones o documentos secretos por empleado judicial (sic)”.
Además, el juez Tamayo autorizó que la FGR extraiga información que podría estar almacenada en los aparatos tecnológicos de los fiscales. “Se autoriza la obtención o extracción y resguardo de información electrónica y análisis de la misma contenida en los dispositivos digitales que se encuentren. Específicamente de la información que tenga relación al delito o delitos investigados”, citó El Faro sobre la Orden Judicial.
El lunes 10 de este mes, la FGR inició los allanamientos en las oficinas del GCI. Los fiscales de ese grupo trabajaron junto a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador que Delgado puso fin en junio del año pasado, varias investigaciones de aparentes casos de corrupción relacionados al manejo de fondos para atender la pandemia.
Estos allanamientos se dan, luego que el ex fiscal Germán Arriaza hablara desde el auto exilio sobre el caso con la agencia de noticias Reuters, donde confirmó que la anterior Fiscalía investigaba los casos de corrupción y que fue desmantelada por el fiscal impuesto, Rodolfo Delgado a pocos días de su inicio de gestión.
