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Ciudad de Guatemala/AFP
La Fiscalía y la Comisión de la ONU contra la impunidad en Guatemala (Cicig) solictaron este jueves quitar los fueros al actual alcalde de la capital, el expresidente Álvaro Arzú, por corrupción en la administración de la comuna.
La fiscal Thelma Aldana dijo en rueda de prensa que el exgobernante (1996-2000) habría incurrido en el delito de peculado por sustracción para financiamiento electoral ilícito.
La oficina de prensa de la Fiscalía confirmó que la solicitud oficial ya fue presentada ante el Poder Judicial, quien integrará un juzgado pesquisidor para determinar si le levantan no la inmunidad.
Aunque la ley establece un plazo de 60 días para que el juzgado emita un fallo, el requerimiento puede ser objeto de recursos y otras argucias legales para extender por largo tiempo la resolución.
Aldana comentó que entre 2013 y 2015 Arzú recibió bienes y servicios de una empresa para su campaña política, pero eran pagados con fondos municipales.
La empresa era propiedad del capitán retirado Byron Lima, asesinado el 18 de julio de 2016 durante un motín en la cárcel que dejó 13 presos muertos y una mujer argentina que lo visitaba.
Lima era considerado el verdadero poder de Sistema Penitenciario mientras guardaba prisión por estar condenado por la muerte del reconocido obispo humanitario Juan Gerardi.
Gerardi fue asesinado en 1998 durante la administración de Arzú, quien como presidente en 1996 firmó la paz con la guerrilla para poner fin a 36 años de guerra (1960-1996).
Aldana comentó que el dinero entregado a la campaña de Arzú fueron sacados de un fideicomiso de planificación urbana, pero evitó dar un monto desviado.
La fiscalía pretende que se levante la inmunidad de Arzú para investigarlo penalmente y después de un análisis financiero determinar el monto de los recursos malversados.
Arzú, usualmente prepotente y parco con la prensa, acudió a la conferencia y pidió la palabra, pero como no se la dieron interrumpió la actividad para hablar con los periodistas.
El alcalde aseguró que la solicitud de levantamiento de inmunidad es una venganza de la fiscal y el titular de la Cicig, el colombiano Iván Velásquez, porque evitó un «golpe de Estado» contra el presidente Jimmy Morales.
«Me están pasando la factura porque gracias a mí no hubo golpe de Estado, lo cual hubiera sido fatal y terrible. Me tiene sin cuidado el antejuicio», dijo en tono desafiante.
Su comentario hizo referencia a que el mes pasado, la fiscalía y la Cicig pidieron quitar la inmunidad a Morales por presunto financiamiento electoral ilícito de su campaña electoral en 2015.
Sin embargo, el Congreso rechazó el pedido, desatando una ola de protestas en las que miles de guatemaltecos indignados han salido a las calles para pedir la renuncia de Morales.
