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La Fiscalía General de El Salvador ha pedido a un tribunal capitalino que exonere de “responsabilidad civil” a diez implicados en el caso de presunta corrupción en la concesión de una licencia de explotación del recurso geotérmico nacional por parte de una empresa italiana.
Un comunicado de la oficina de prensa de los tribunales de San Salvador informó que el Ministerio Público ha solicitado el jueves al Juzgado Séptimo de Paz la exoneración de la “responsabilidad civil” contra los diez ex funcionarios de la estatal Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) y empresarios que habrían participado en ese ilícito, for sale conocido como el caso CEL-ENEL.
En la lista de presuntos implicados en el caso que serían beneficiados con la petición fiscal, no figuran los nombres del ex presidente de CEL, Guillermo Sol Bang, ni del ex ministro de Economía, Miguel Lacayo, ni de otros prominentes empresarios salvadoreños involucrados en la supuesta ilegalidad en la suscripción del acuerdo comercial.
La “responsabilidad civil” es el cálculo que hacen las autoridades del perjuicio económico que causa un ilícito, en este caso, contra Estado salvadoreño.
Sol Bang, Lacayo y otros ex directivos de la CEL y prominentes empresarios, incluidos los que saldrían beneficiados con la petición fiscal al tribunal capitalino, son acusados de los supuestos delitos de “peculado”, es decir, robo de dinero al Estado.
El ex presidente de la CEL, Lacayo y otros prominentes empresarios salvadoreños gozan de medidas sustitivas a la prisión, concedidas por el Juzgado Séptimo de Instrucción de San Salvador, que lleva el caso.
Sol Bang y otros ex directivos de la CEL suscribieron un contrato con la empresa italiana Enel Green Power para que esta última explotara sin restricción el recurso geotérmico nacional, con la autorización del ex ministro de Economía, que debió pasar el requerimiento a la Asamblea Legislativa para su aprobación, pero no lo hicieron.
Según el boletín judicial, los beneficiados con la extinción definitiva de la “responsabilidad civil”, serían Oscar Armando Iraheta Valdez, Roger Martín Avilés Herdocia, Carlos Mauricio Novoa González, Mario Christopher Selva Breyee y José Agustín Javier Gasteazoro Escalón.
Además, se señala en el comunicado, José Antonio Rodríguez Rivas, Porfirio Díaz Fuentes, José Daniel Julio Martínez Martínez y Paolo Pietrogrande, procesados por el delito de cómplices necesarios, y Jaime Luis Torres Alvarado, cómplice no necesario en el delito de peculado en perjuicio de la administración de justicia, CEL y las finanzas del Estado.
Según la Fiscalía, el Estado salvadoreño habría perdido con la suscripción del supuesto contrato amañado entre la CEL y la empresa europea, un mil 800 millones de dólares, por lo que pidió al tribunal un embargo de dos millones de dólares contra los involucrados en el caso.
La Fiscalía embargo el año pasado los bienes de 28 empresas de ocho de los involucrados en el supuesto ilícito. El Estado salvadoreño, sin embargo, culminó en diciembre pasado con éxito una demanda en un tribunal internacional que había interpuesto Enel Green Power por una supuesta violación del contrato comercial, que no fue ratificado por la Asamblea Legislativa.
En el acuerdo con la empresa europea, el Estado compró por más de $ 280 millones las acciones a Enel Green Power.
Sin embargo, las autoridades judicializarán en las próximas semana, en una Audiencia Especial, el acuerdo alcanzado entre el Estado salvadoreño y Enel Green Power.
