Alexander Pineda
@DiarioCoLatino
La Fiscalía General de la República (FGR) interpuso en el Juzgado Segundo de Paz de San Salvador un requerimiento de instrucción en contra del ex embajador de El Salvador en Honduras, coronel retirado Sigifredo Ochoa Pérez, por presunto peculado.
El ministerio público también acusa por peculado al ex ministro consejero de la misma sede diplomática, Walter Alfredo Amaya Escalante y a la ciudadana hondureña Soledad Funes Donaire de Ramírez, por complicidad en el mismo ilícito.
Según explicó el representante de la fiscalía que presentó el requerimiento, en 2005 se suscribieron dos contratos de alquiler del inmueble en el que funciona la sede diplomática salvadoreña en Tegucigalpa, capital hondureña, uno por $2,200 y otro por $3,000.
De acuerdo a las investigaciones, el excedente de $800 fue pagado a Ochoa Pérez hasta septiembre de 2009, cuando finalizó su período como diplomático; y posteriormente, Amaya Escalante continuó recibiendo los pagos fraudulentos de parte de Soledad Donaire de Ramírez, propietaria del inmueble.
El pago ilegal de los excedentes por el arrendamiento del inmueble siguió hasta el año 2016, cuando el nuevo representante diplomático salvadoreño cuestionó las anomalías y las denunció ante la Fiscalía salvadoreña en 2018.
Según las estimaciones de la FGR, el Ministerio de Relaciones Exteriores erogó entre julio de 2005 hasta enero de 2016 la suma de $107,920, que constituyen el excedente acumulado defraudado por los ex diplomáticos. En términos individuales, Sigifredo Ochoa Pérez habría recibido $41,040, mientras que Walter Alfredo Amaya Escalante, $59,000.
El coronel Ochoa Pérez se desempeñó como embajador en Honduras entre 2004 y 2009, durante el período presidencial de Elías Antonio Saca, mientras que Amaya Escalante ocupó el cargo de ministro consejero hasta el mes de mayo de 2015. El fiscal indicó que notificarán sobre el requerimiento a los acusados para fijar una audiencia inicial.