Diario Co Latino 134 años comprometido con usted
Artículos relacionados
Alexander Pineda
@DiarioCoLatino
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó ayer un recurso de apelación ante el Juzgado Tercero de Paz de San Salvador, en contra del arresto domiciliario del exministro de Seguridad, René Figueroa, quien enfrenta un proceso judicial por presunto lavado de dinero y activos. El recurso será revisado por la Cámara Tercera de lo Penal de dicho municipio.
El martes, abogados defensores del exfuncionario también presentaron una apelación a las medidas impuestas por el juez de Paz. Los juristas solicitaron que a Figueroa se le decreten “otras medidas sustitutivas a la detención”, en lugar del arresto domiciliario, y una fianza de 50 mil dólares. El imputado ya habría pagado la fianza, según indica un comunicado de prensa difundido por el Centro Judicial Isidro Menéndez.
El representante de la Fiscalía detalló que el ministerio público pide que el exministro enfrente el juicio en detención preventiva, al considerar que existe peligro de que se fugue. “La Fiscalía está en desacuerdo con la decisión del juez, consideramos que se cuenta con los indicios suficientes para acreditar tanto la existencia del delito como la participación del imputado, así como acreditar el peligro de fuga que se corre en este tipo de delitos”, dijo el fiscal.
Añadió que la apelación pretende que se estudie la decisión del juez, al considerar que este hizo una fundamentación débil de su decisión de otorgarle arresto domiciliario a Figueroa. La Fiscalía solicita que, en caso de mantenerse la decisión del juez, el imputado cancele $250,000 en calidad de fianza.
Además, aclaró que el recurso de apelación no afecta a Cecilia Alvarenga de Figueroa, cónyuge del exfuncionario, quien está siendo investigada por el mismo delito, pero sigue el proceso en libertad por padecimientos de salud.
El pasado 2 de octubre, la FGR ordenó la detención de Figueroa por presunto lavado de dinero y activos, el exfuncionario se presentó de forma voluntaria a la sede fiscal de la colonia La Sultana en Antiguo Cuscatlán. El 5 de octubre, el ministerio público le acusó formalmente de blanquear $3,039,798,95, entre los años 2004 y 2015, y a su esposa por $500,000. El 7 de octubre, el Juzgado Tercero de Paz le dictó arresto domiciliar a él y libertad bajo medidas a su cónyuge, durante el desarrollo del proceso.
