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@JoakinSalazar
Los actos de corrupción por la presunta malversación de tres millones de dólares en la construcción hospitales públicos, que ahora vinculan al Ex ministro José Guillermo Maza, procesado por el delito de negociaciones ilícitas, siguen en la palestra judicial.
El 28 de septiembre de 2015, el Juzgado Primero de Instrucción decretó sobreseimiento provisional contra Maza y otros 16 implicados en estos actos de corrupción, como también otorgó un año para que la Fiscalía General de la República (FGR) logre determinar la culpabilidad de los imputados a través de diferentes diligencias.
En su momento, el Juzgador ordenó que en un año la Fiscalía debía concluir con la experticia contable en el caso del Hospital Santa Gertrudis de San Vicente, además de análisis financieros en el Hospital San Pedro de Usulután.
Junto al ex ministro de Salud, la Fiscalía acusa a Cesar Rolando García Wilfredo Aponte Cuellar, Guillermo Rafael Alfaro, Arturo Ernesto López, Manuel Eduardo Coronado, Gehard Rudolf Bolmann, Roberto Oswaldo Salazar, José Ladislao López Ricardo Alberto Barrera, Jesús Hernández Campollo, Rolando Alberto Choriego, y Juan Antonio Miranda Morales.
De acuerdo a la Fiscalía los acusados, durante los años 2004 – 2009, durante Gobierno de Elías Antonio Saca, entonces Presidente por ARENA, malversaron fondos del Estado a través del Proyecto Reconstrucción y Equipamiento de la Red de Hospitales Públicos (RHESSA).
Los proyectos cuestionados como irregulares fueron en el Hospital Santa Gertrudis de San Vicente, por obras pagadas y no ejecutadas por un monto, defraudado, por un millón, 052 mil 093. 77 dólares. Mientras que en el Hospital San Pedro de Usulután fue de dos millones 460 mil 236. 68 dólares.
Ante esta situación, la Fiscalía espera a través de dicha solicitud llevar a juicio a estas personas, y probar jurídicamente la responsabilidad penal de cada uno de ellos, en los delitos que se les imputan.
Según explicó el fiscal del caso al exministro Maza, ya se le condeno por el delito de Actos Arbitrarios, a una pena de tres años de prisión, el cual fue sustituido por trabajo de utilidad pública, por parte del Tribunal Tercero de Sentencia; además en diciembre de 2015, se le condenó civilmente al pago de 147,000 dólares por el caso del Hospital Nacional de San Vicente.
Finalmente, el Fiscal explicó que se presentó la solicitud de reapertura a juicio, pero que será el juzgado quien determine la fecha para la realización de la audiencia.
