Diario Co Latino 134 años comprometido con usted
Artículos relacionados
@JoakinSalazar
El Jefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía General de la República (FGR) Andrés Amaya presentó, see ante la Cámara Segunda de lo Civil, la demanda por el delito de enriquecimiento ilícito contra el ex presidente Mauricio Funes, Vanda Pignato y Diego Funes, presuntamente por no poder justificar $728 mil dólares en su patrimonio, ante la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Amaya afirmó que se han realizado una serie de investigaciones sobre los hechos, en el que se determinó que “hemos encontrado algunos antecedentes que no fueron tomados en cuenta por la Sección de Probidad, como las armas de fuego, creemos que la cantidad que probidad ha puesto o determinado, se puede incrementar”.
La demanda es contra el ex mandatario Carlos Mauricio Funes Cartagena, Vanda Giomar Pignato y el hijo del ex mandatario Diego Roberto Funes Cañas, quienes aparecen en el reporte patrimonial que brinda el ex funcionario a la sección de probidad.
“Aquí se está demandando al funcionario, ellos, (Pignato y Funes Cañas) son parte de la declaración patrimonial, pero tendrán que justificar de donde proviene el dinero injustificado, por ejemplo, que la doctora en su momento tuvo que pagar deudas, cuando no percibía ingreso”, explicó Amaya, preocupado por darle curso a la demanda.
De acuerdo a la Fiscalía, que aun guarda los casos de corrupción de Ana Vilma de Escobar, y ex ministros de los gobiernos de ARENA, el incremento patrimonial de Funes podría andar en 728 mil dólares, monto que podría ascender dijo Amaya, amenazando con una demanda penal. El Fiscal argumentó que los montos no justificados del ex presidente Funes podrían ascender con 85 armas de fuego.
“No hay una justificación, que nos lleve a determinar que ese incremento de $728 mil dólares sea de forma lícita, sino que hasta este momento tenemos los indicios para determinar que el dinero es ilícito”, dijo Amaya.
Semanas atrás, la Corte Suprema de Justicia abrió el proceso en contra del ex mandatario, por el delito de enriquecimiento ilícito, luego de que no le aceptaran las pruebas del incremento patrimonial por $728, 329.74 durante su gestión entre los años 2009-2014.
Según fuentes judiciales con la presentación de la demanda de Fiscalía, la Cámara cuenta con un período que oscila entre los diez y 15 días hábiles para analizar la misma y si hay prevenciones notificar a la Fiscalía para que las enmiende.
Si la demanda no tiene prevenciones, la Cámara procederá a notificar a los demandados para que éstos en un término de 20 días a partir de ser notificados presenten su defensa.
