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Redacción Nacionales
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Abogados de los imputados en el caso Saqueo Público, cuyo juicio se lleva acabo desde hace más de un mes, lamentaron las publicaciones hechas por fiscales del caso durante esta semana en redes sociales.
Según denunciaron, en al menos dos publicaciones una de las fiscales del caso aseguró que «hemos logrado confirmar la hipótesis fiscal».
La fiscal afirma en una de las publicaciones que luego de haber desfilado por la sala de audiencia varios testigos y peritos, y haberse revisado prueba documental, «se ha logrado determinar la planificación previa» del desvío de fondos de casa presidencial hacia exfuncionarios y personas particulares, entre los cuales figura el expresamente Mauricio Funes y unas 30 personas más.
Pero tras uno de los recesos del juicio, que realiza el Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador, los abogados defensores salieron al paso de dichas publicaciones, asegurando que lo afirmado por la fiscal es «temerario y totalmente falso».
«Tan falso es que algunos de los mismos testigos ofertados por la fiscalía y que han declarado esta semana, lo que han dicho es totalmente lo contrario, lo que han venido a confirmar es que las personas que están siendo procesadas en este momento son inocentes, lo que han llegado a decir a la audiencia es que las personas imputadas no cometieron delito, que actuaron dentro del marco de la ley», añadió.
Y es que según explicaron, hasta el momento sólo han sido escuchados los primeros testigos y peritos de la fiscalía y está pendiente que declaren en el juicio decenas de testigos y peritos ofertados por los procesados, que también declaren ellos como imputados y luego vendrían los alegatos por parte de los defensores.
«No nos explicamos cómo la fiscalía asegura que han logrado confirmar la hipótesis fiscal, falta mucho todavía en este juicio. No comprendemos su triunfalismo, nos da la impresión que quieren ganar en la arena pública lo que no pueden demostrar en el juicio», declaró uno de los defensores.
«Quien sí cometió delito fue el exsecretario Privado de la Presidencia, Francisco Cánceres, él sí. Fue él quien hizo uso indebido de fondos públicos, pero a él la fiscalía le dio el criterio de oportunidad», un beneficio que según los abogados defensores no aplicaba por su nivel jerárquico y de responsabilidad en el manejo del presupuesto de la presidencia de la República.
Según la ley, Cáceres era el principal responsable operativo del manejo del presupuesto de Casa Presidencial y el Presidente Funes el responsable Institucional.
Cáceres fue el primero en declarar durante el juicio, hace dos semanas, y de acuerdo con la defensa, «llegó a mentir, a decir muchas cosas que fiscalía no podrá probar, no sólo porque son infundadas sino también porque existe prueba documental para desmentirlo».
«Cáceres ha dicho todo lo que la fiscalía quería que dijera y no le ha importado acusar injustamente a personas inocentes, algunas de ellas que incluso fueron sus subalternos, como es el caso de los exempleados del área financiera, tesorería y contabilidad de Capres», remarcó uno de los abogados entrevistados.
Los defensores recordaron que desde el inicio hubo una testigo que dijo haber recibido «presiones» de parte de un fiscal y otros testigos que han asegurado que el manejo del presupuesto de Gastos Reservados (antes partida secreta) se realizó conforme a la ley, cumpliendo con el Sistema de Administración Financiera Institucional (SAFI).
«Esta semana una persona que trabajó en casa presidencial durante casi 30 años dijo que la administración de los fondos reservados durante el gobierno del expresamente Funes se hizo con el mismo sistema SAFI que se usa desde el año 2001», dijo uno de los defensores abordados por la prensa.
Añadió el abogado que el sistema SAFI es administrado por el ministerio de Hacienda y fue diseñado para que a los Fondos Reservados no se les aplique la Ley LACAP ( la Ley de Contrataciones y Adquisiciones Gubernamentales). «Por eso los pagos con Fondos Reservados tienen otros requisitos, no los mismos que los pagos con Fondos Ordinarios del Presupuesto de la Presidencia», añadió.
«Decir que fueron saqueados 351 millones es completamente falso, con ese dinero se pagó a proveedores de bienes y servicios, se pagó complementos de salario en la Presidencia y una serie de gastos en diferentes instituciones del gobierno, con esos fondos funcionó la presidencia», explicó uno de los defensores.
Se estima que el juicio continuará durante las próximas semanas.
