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Defensa pide que Tribunal se abstenga de resolver responsabilidad civil, ya que la representación fiscal ha presentado pruebas incompletas para establecer montos, presuntamente sustraídos por los imputados.
Joaquín Salazar
@JoakinSalazar
Pese a que en el inicio del juicio “Destape a la corrupción”, el jefe de la unidad de delitos de lavado de dinero de la Fiscalía General de la República (FGR) estableciera que bajo acuerdo, por el proceso abreviado, los imputados solo devolverían 25 millones de dólares, en la etapa final, la representación fiscal solicitó que los imputados devuelvan 300 millones 347 mil 117 dólares con 17 centavos, con lo que rectificó su postura inicial, probablemente por las constantes críticas ciudadanas.
En la jornada 16 del juicio, la FGR pidió que este monto sea devuelto por daño ocasionado al Estado salvadoreño, sin embargo, en su petición le dejaron la responsabilidad al Tribunal Segundo de Sentencia para que establezca finalmente el monto que debe devolver cada uno de los imputado: Elías Antonio Saca, Elmer Charlaix, Francisco Arteaga, Jorge Herrera y Pablo Gómez.
También se señaló que en el caso de Julio Rank, la FGR pidió que devuelva ocho millones 381 mil 130 dólares con 39 centavos y César Funes un total de 1,015,237.78.
La defensa de los imputados se mostró renuente a esta solicitud, ya que consideran que los fondos señalados sí fueron destinados a pago de proveedores y otros servicios prestados a Casa Presidencial durante el periodo presidencial de Elías Antonio Saca.
Nahum Martínez, representante fiscal, explicó que la defensa técnica ha caído en un error, ya que olvida que los montos sustraídos son $300 millones. “Es ahí donde no podemos quitar el dedo del renglón, porque si nos ponemos a revisar, entonces no existiera el primer delito, es decir, para que exista el delito de lavado de dinero debe existir peculado”, comentó.
Para Martínez, la estrategia de la defensa es confundir al Tribunal en cuanto a la responsabilidad civil. Y es que luego que terminaran los alegatos finales de la FGR, la defensa de Elías Antonio Saca, Elmer Charlaix y César Funes inició los alegatos por la responsabilidad civil. En este sentido, Mario Machado argumentó que no hay identificación real donde se encuentran los fondos, ya que algunos servicios como América Publicidad sí brindó los servicios.
“Esta representación de la defensa no está de acuerdo a que la responsabilidad civil sea de $300 millones”, recalcó Machado.
Miguel Girón, abogado de César Funes, se opuso a la responsabilidad penal y civil pronunciada por la Fiscalía, ya que el juez debe resolver, por lo que pidió no haya condena civil, ya que el peritaje está incompleto, puesto que no fue posible establecer los puntos de pericia de César Funes y Julio Rank.
Por otro lado, la Fiscalía pidió que las empresas de Elías Antonio Saca: Grupo Radial Samix, Promotora de Comunicaciones S.A. de C.V., Radiodifusión de El Salvador S.A. de C.V., Estéreo 94.1 S.A. de C.V., Radio Usuluteca S.A. de C.V. y ABC S.A. de C.V. pasen a manos del Estado.
Además, se pidió la extinción de dos bienes inmuebles, propiedades de Elías Antonio y dos más de Elmer Charlaix.
En relación a la pena de prisión, la Fiscalía mantiene los 5 años por el delito de peculado y 5 años por el delito de lavado de dinero para el expresidente Elías Antonio Saca. De igual manera para Elmer Charlaix.
Mientras que para Julio Rank y César Funes la Fiscalía pidió cinco años de prisión por el delito de lavado de dinero para cada uno.
Por los exempleados de Casa Presidencial, el representante fiscal solicitó por Francisco Arteaga: 3 años por el delito de peculado y 3 años por el delito de lavado de dinero; Jorge Herrera 3 años por el delito de peculado.
Mientras que en el caso de Pablo Gómez, el único imputado bajo procedimiento ordinario, la Fiscalía solicitó 8 años por el delito de peculado y 8 años por el delito de lavado de dinero contabilizando un total de 16 años de prisión.
Sobre estas condenas, el Tribunal Segundo de Sentencia deberá decidir si se mantiene la cantidad de años o menos de lo solicitado por la Fiscalía. O en todo caso, aunque sea proceso abreviado, puede declarar absolución de todo cargo.
