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Gloria Silvia Orellana
Joaquín Salazar
@DiarioCoLatino
La vista pública que posiblemente permitiría a Imelda Cortez recobrar su libertad fue suspendida luego que la fiscal del caso, Bernarda Cáceres de Roque, se reportara enferma de una faringoamigdalitis, casi dos horas después que el Tribunal de Sentencia abriera el proceso judicial. A Imelda se le acusa de homicidio agravado tentado, al sufrir un aborto espontáneo o extrahospitalario.
El Tribunal de Sentencia de Usulután, integrado por Claudia Palacios, Maclin Portillo y Hugo Noé García (quien preside), decidieron reprogramar la vista pública para el 17 de diciembre a las diez de la mañana, con posibilidad de que se extienda por tres días, por el número de testigos de la Fiscalía y la defensa de Imelda Cortez.
No obstante, Arnau Baulenas, quien integra el grupo de abogadas de la defensa, pidió al juez García que la fiscal anexe la constancia médica al proceso, a manera de comprobación del estado de salud.
Y lamentó de parte de la Fiscalía General de la República la tardanza para informar su ausencia en la vista pública, que generó gastos a la familia de Imelda que viajan desde San Miguel a Usulután, al Juzgado de Primera Instancia, al equipo jurídico de la defensa, entre otros.
Asimismo, deploraron el “daño moral irreparable” que infringieron a Imelda, al violentarle el derecho al debido proceso y recuperar su libertad. El juez Hugo García aceptó la petición de la abogada Baulenas y reconoció que era una falta de la fiscal Cáceres de Roque.
Imelda es una joven de 20 años, está detenida desde el 17 de abril del 2017, luego de un parto extrahospitalario en la letrina de su vivienda, debido a una fuerte hemorragia, por lo que fue llevada al Hospital Nacional de Jiquilisco, donde fue detenida y acusada de aborto culposo y 24 horas después, la Fiscalía cambió la tipificación al delito de homicidio agravado en tentativa contra su hija.
No obstante, el expediente clínico de la recién nacida registró que nació en perfectas condiciones y saludable. Y se comprobó, además, que el embarazo fue producto de la violencia sexual, que sufrió Imelda durante siete años, por parte de su padrastro, Pablo Henríquez.
Bertha Deleón, apoderada legal y defensora, también lamentó la suspensión del proceso y reiteró la retardación de justicia, al señalar las siete veces que se suspendió la “audiencia preliminar” de Imelda, por inoperancia del funcionariato del Ministerio Público y del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. Cuatro fueron por petición del equipo de la defensa ante la falta de peritajes del Instituto de Medicina Legal (IML), una por el juez de Primera Instancia de Jiquilisco, y la otra por falta de transporte de reos de centros penales de San Miguel.
