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Saúl Méndez
Colaborador
Familiares de doce personas desaparecidas se unieron para pedir, junto a la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), el debido seguimiento de sus casos por porte de la Fiscalía General de la República (FGR) para dar con el paradero de las víctimas e identificar a los responsables de las desapariciones. La fundación señaló que muchos de los casos se encuentran archivados.
Según datos de la Policía Nacional Civil (PNC), en el primer trimestre de 2023 se reportaron 132 personas desaparecidas. Estos casos se suman a los 6,443 reportados entre 2019 y junio de 2022. Pese a que las estadísticas de personas desaparecidas se encuentran bajo reserva, FESPAD indicó que en la mayoría de los casos las víctimas no han sido encontradas.
La fundación advirtió que la desaparición de personas es una grave vulneración a los derechos humanos de las víctimas directas y de sus familiares. Asimismo, afirmó que muchas de las desapariciones ocurridas durante el conflicto armado y las desapariciones que se han registrado en los últimos años, se encuentran en la impunidad.
Dina Martínez, directora de acceso a la justicia de FESPAD, declaró que algunas de las familias de víctimas de desaparición han emprendido acciones para dar con el paradero de su familiar y obtener justicia. Entre estas acciones se encuentra la organización de brigadas de búsqueda y pegas de afiches. Las familias además han presentado solicitudes a la Fiscalía General de la República para que se retomen las investigaciones, ya que, según indicaron, algunos casos han sido archivados.
Asimismo, las familias presentaron una denuncia formal a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) sobre 12 casos de personas desaparecidas. Sin embargo, hasta la fecha no se ha obtenido ninguna respuesta y la FGR, salvo algunas excepciones, no ha retomado las investigaciones de los casos, afirmó la fundación.
Martínez añadió que las familias han contado con el acompañamiento de organizaciones de la sociedad civil, entre las que se encuentra FESPAD.
La directora también informó sobre la interposición de cuatro demandas de amparo ante la Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) donde se ha reclamado por la “omisión” de una investigación exhaustiva y concluyente por parte de la FGR que permita establecer quién
o quiénes son los responsables de la desaparición de cinco víctimas en concreto y que también permita dar con el paradero de las cinco personas desaparecidas. La organización advierte que esta “omisión” vulnera el derecho de acceso a la jurisdicción y el derecho a conocer la verdad.
Martínez detalló que las demandas se fundamentan en la “omisión” de la Asamblea Legislativa respecto a la emisión de una normativa que contribuya a hacer eficiente el proceso de ubicación o identificación de una persona desaparecida y para garantizar apoyo psicosocial al grupo familiar de quien ha sido víctima. Dicha “omisión” además “vulnera el derecho a la protección” para la conservación y defensa de los derechos, así como el derecho a la protección familiar, apuntó la directora de acceso a la justicia de FESPAD.
La organización destacó que como resultado de las acciones emprendidas por las familias, se “resolvió parcialmente” una de las demandas de amparo. La CSJ resolvió tramitar la demanda contra la Fiscalía, por no responder a la familia de la víctima de desaparición, ni informarle de las investigaciones seguidas en ese caso, lo que implicaría una posible vulneración al derecho a la protección jurisdiccional y al derecho a conocer la verdad. No obstante, hasta el momento no se ha emitido una sentencia en el caso.
Carmen Argueta, madre de una persona desaparecida y representante del Comité de Familiares de Desaparecidos en El Salvador (COFADES), junto a otras organizaciones, pidió a la FGR defender los intereses de las víctimas, retomando los casos de personas desaparecidas para dar con su paradero e identificar a los responsables.
Los representantes de las distintas organizaciones también pidieron a la PDDH velar por el respeto y garantía de los Derechos Humanos y resolver la solicitud presentada por doce familias de víctimas de personas desaparecidas. Además, instaron a que se promuevan acciones ante las instancias encargadas de aplicar la ley, para que los casos no queden en la impunidad.
Asimismo, pidieron que la CSJ emita a la brevedad una resolución de las demandas de amparo interpuestas, según dijeron, para contribuir a superar “ese pasado oscuro” en el que se “ignoraba a las víctimas” de graves violaciones a derechos humanos.
“Finalmente, llamamos al comisionado presidencial para los Derechos Humanos y Libertad de Expresión, a realizar las diligencias necesarias para que las instituciones de justicia se comprometan a localizar a las personas desaparecidas, investigar y sancionar a los victimarios, así como para que se atienda integralmente a las familias de las víctimas y reparen los daños causados por este crimen”, exigió Argueta.
“No son cifras, nuestros hijos, nuestros familiares son personas valiosas que merecen ser encontrados cada uno de ellos”, concluyó Argueta, madre buscadora.
