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José M. Tojeira
Sobre la Ficalía existe una gran presión. En primer lugar la presión de la propia delincuencia que sobrepasa con mucho la capacidad de la fiscalía, escasamente dotada y llevando algunos fiscales más casos de los que se pueden tramitar en un año. La presión de las grande redadas y macro-casos produce también una natural tensión. Cuando se detiene a cincuenta o setenta personas es muy fácil equivocarse. Pero si los jueces sueltan a la mayoría las críticas van generalmente o al propio juez o a la fiscalía. Si los detienen y se abre instrucción contra todos o contra la mayoría, hay una enorme posibilidad de que se incluyan a inocentes dentro del grupo. Las multidetenciones además suelen tener defectos como los de uso excesivo de la fuerza, mal trato físico y en ocasiones trato denigrante. Aunque en estos casos la tendencia es más a quejarse de la PNC, la Fiscalía no deja de estar involucrada y recibe también su parte de descrédito. Y finalmente está presente la convicción general de que la Fiscalía es incapaz de perseguir a personas o personajes que se mueven en los altos niveles del dinero y en las esferas superiores del poder, sea político o militar. Todo Fiscal General que llega al puesto sabe que con mayor o menor razón una de las acusaciones que tendrá al cabo de los tres años de su nombramiento será la de ser incapaz de tocar los delitos de cuello blanco, verde olivo o de la amplia franja de los colores partidarios.
El actual Fiscal General ha entrado en su puesto con ganas de acción. Y ha apostado simultáneamente por perseguir posibles delitos en las altas esferas y por mantener simultáneamente una actividad acusatoria que abarca a grandes grupos. La persecución de delitos de corrupción en las estructuras del estado ha levantado un relativo entusiasmo tanto en sectores de clase media, generalmente los más indignados con la corrupción, como en otros más amplios. Su accionar cuenta además con un firme respaldo diplomático. Un buen número de embajadores ve necesaria la lucha contra la corrupción en el país. Y es que la ayuda externa necesita cada vez más transparencia. Aunque los partidos políticos muestran diversas actitudes, desde la venganza a la relativa protección, lo cierto es que El Salvador hace tiempo que esperaba alguna señal en esa dirección. Queda mucho por ver y por hacer en este terreno, pues la amplia corrupción existente en los últimos treinta años, más o menos, ha marcado la historia reciente de El Salvador. Que se esperaba respuesta es real. Y en ese sentido, respetando la presunción de inocencia, es necesario continuar y ampliar los procesos de investigación.
La dificultad puede encontrarse más bien en el campo de las grandes redadas. Éstas tienen con frecuencia cierto apoyo, más mediático que generalizado. Pero a poco que se investigue en ellas, se encuentran fácilmente errores graves, atribuibles a la Fiscalía y a los jueces. Los enfrentamientos masivos con bandas delincuentes producen de vez en cuando una alto número de muertos, algunos de ellos con más trazas de haber sido ejecutados que de haber perecido en la refriega. Ni la Inspectoría General de la PNC ni la Fiscalía ha percibido esos detalles, algunos de los cuales son de pura lógica, ante unas narraciones o unas fotografías que dejan demasiadas preguntas sueltas. Cuando desde la opinión o desde instituciones afines a los Derechos Humanos se han hecho observaciones no han faltado amenazas de algún que otro fiscal que percibe la crítica casi como apología del terrorismo. De no crecer en seriedad en este terreno la Fiscalía se encontrará con un problema grave de desprestigio. Tocar a los grandes será siempre positivo si se demuestra el delito. Pero ello no justifica ni oculta el abuso de los pequeños.
El sistema judicial tiene otro tipo de presiones. Más allá de la valía personal de algunos jueces repartidos por todos los estratos del sistema, el órgano judicial se percibe como entreverado por la corrupción, con un servicio excesivamente burocrático y lento, con una arbitrariedad difícil de contrarrestar de parte del ciudadano, con un lenguaje complejo y difícil de asimilar tanto por las víctimas como por muchos de los acusados. Tiene un buen presupuesto, pero una mala respuesta al país. Un caso ejemplar del tipo de abusos puede ejemplificarse con un caso atendido por el juez de paz Salvador Machuca, de San Miguel Tepezontes. El Idhuca defendía a un joven que en enero había sido brutalmente golpeado por un miembro de la PNC. La familia denunció la golpiza ante la Fiscalía sin que el caso tuviera mayor trascendencia. Incluso después de la denuncia el joven volvió a ser golpeado por la policía. Y finalmente ha sido detenido acusado de pertenencia a banda terrorista. A causa de las heridas sufridas en las golpizas anteriores había estado internado en el hospital Rosales y sigue sufriendo secuelas de los golpes. En la audiencia inicial se presentaron pruebas de lo dicho y diversos arraigos. Pero el juez no revisó las pruebas presentadas y dictó prisión preventiva para el joven. Era una audiencia inicial para mas de 50 personas y el juez llegó con la resolución tomada de antemano. Resolución que leyó y que ciertamente no escribió mientras estaba en la audiencia.
Esto, en cualquier sistema judicial democrático se llama prevaricato. Es simple y sencillamente dar resoluciones a sabiendas de que son injustas. Porque cualquier juez tiene que saber que al imputado hay que escucharle, tomar en cuenta lo que dice y presuponer la inocencia, dando normalmente medidas sustitutivas a la prisión. Pero el sistema judicial rara vez toma en cuenta esas exigencias. Además, la mayoría de la gente sencilla o ignora cómo reclamar sus derechos o no tiene posibilidades de hacerlo. En esta audiencia inicial en la que se dio resolución contra este joven, había más de cincuenta personas imputadas de diversos delitos. Sólo la minoría tenía abogado, mientras a más de cuarenta los defendía un solo abogado de la Procuraduría General. Los magistrados de la Corte Suprema pueden decir que la presunción de inocencia supone que a la mayoría de los encausados se les puede dar medidas sustitutivas de la cárcel mientras no sean condenados. La fiscalía pide siempre, o casi siempre, prisión preventiva. Y algunos jueces les siguen la corriente, sin escuchar a los encausados ¿Es esto justicia de régimen democrático? ¿Es esto estado de derecho? Ciertamente, perseguir el delito de este modo chambón e ignorante no puede llevarnos a nada bueno. Hay buenas intenciones en algunos miembros de la Fiscalía y de algunos jueces decentes. Pero abundan demasiado este tipo de jueces irresponsables, que se lavan la manos por temor o por pereza y mandan las resoluciones a la siguiente fase dañando los derechos de las personas y en particular su presunción de inocencia. En casos como el que mencionamos, de este joven golpeado por la PNC, se añade la irresponsabilidad y el prevaricato, sin consecuencias para jueces y fiscales. Así no avanzamos.
