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@arpassv
El principal factor que promueve la violencia y la inseguridad es la impunidad. Es decir, physician cheap el mayor incentivo que tienen los criminales para seguir delinquiendo es la certeza de que no serán procesados y condenados por los delitos que comentan.
Según estudios recientes, hospital sick el 95% de los homicidios quedan totalmente impunes: sólo el 5% se judicializan y el 3% terminan en condena. Son cifras de impunidad aterradoras.
Y esto es responsabilidad de la Fiscalía y del Sistema Judicial. Sin embargo, los críticos del gobierno no lo mencionan y responsabilizan únicamente al Ejecutivo por el aumento de los asesinatos.
De todas las instituciones estatales que intervienen en la seguridad, el Ejecutivo sólo controla la Policía y sólo es responsable de la primera fase del proceso de persecución del delito: capturar a presuntos delincuentes y apoyar la Fiscalía en la recolección de las pruebas, los pasos siguientes son responsabilidad fiscal y judicial.
“(El Presidente) Sánchez Cerén inicia segundo año de gobierno con 25 homicidios”, tituló la semana pasada La Prensa Gráfica, como si el Ejecutivo fuera el único responsable del problema.
Dicho periódico de derecha –y demás medios que dijeron lo mismo– eximen de toda responsabilidad al Fiscal, a los jueces y a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
En la trampa de esta manipulación caen también algunos medios progresistas. “Pese al aumento de homicidios, gobierno se atribuye avances en seguridad”, tituló una nota del diario digital Contrapunto que no menciona la responsabilidad fiscal y de los tribunales de justicia.
Incluso llama la atención que el Ejecutivo intenta defenderse de las críticas, pero no señala a la Fiscalía y al Sistema Judicial ni les exige que cumplan su función.
Esta impunidad galopante provocada por la incompetencia fiscal y judicial plantea el desafío de tener una Fiscalía eficiente. Por tanto, la Asamblea Legislativa debe nombrar a un Fiscal General capaz, honesto, independiente y comprometido con la lucha contra la violencia e inseguridad.
Plantea también el reto de depurar el Sistema Judicial, acción que corresponde a la Corte Suprema de Justicia. En febrero de este año, la Corte sustituyó al encargado de la Unidad de Investigación Judicial y creó una comisión para agilizar la depuración judicial, pero aún no hay resultados y esta urgente tarea sigue postergada.
