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El ex presidente Francisco Flores podría ser demandado ante organismos internacionales defensores de los derechos humanos, check por haber presuntamente violado derechos humanos de familias salvadoreñas pobres, store al haber supuestamente desviado una millonaria ayuda económica entregada a su persona por Taiwán para socorrer a población vulnerable del país, remedy advirtió el procurador de Derechos Humanos, David Morales.
Morales dijo que “existen posibilidades jurídicas” para que el ex mandatario, de paradero desconocido, sea denunciado ante instancias internacionales defensoras de los principios fundamentales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por haber supuestamente violentado el derecho a vivienda, salud, alimentación y estabilidad emocional de decenas de familias damnificadas por los terremotos de 2001 y que aún deambulan en las calles por falta de casa.
Flores habría desviado una millonaria ayuda económica taiwanesa, que según los legisladores rondaría los $75 millones, destinada a socorrer a los damnificados de los sismos de hace 13 años, la renovación del parque cafetero salvadoreño, combate al narcotráfico y delincuencia común, entre otras cosas.
El ex mandatario es investigado por autoridades fiscales y una Comisión Especial legislativa salvadoreñas por el paradero de $10 millones, divulgado por el gobierno de Estados Unidos como Reporte de Operaciones Sospechosas que habría realizado el ex mandatario en esa nación entre 2003 y 2004, sin pago al fisco.
Flores es buscado por autoridades locales para llevarlo por la fuerza al seno de la comisión legislativa, a cuyos miembros dejó burlados a fines del mes pasado al pedir un receso por “cansancio”, tras más de cuatro horas de interrogatorio, y prometer que llegaría dos días después a la continuación del citatorio.
Morales, quien fue citado por los diputados el martes al seno de la instancia legislativa para explicar procedimientos legales para acusar a Flores de violar derechos humanos de la población pobre del país, aseguró que “la no ejecución de esos proyectos (de apoyo a la reconstrucción y desarrollo social), inmediatamente genera una violación a sus derechos (de los beneficiados)”.
“La gravedad de esta vulneración – explicó Morales a los diputados -, es una población que no recibe protección del Estado”, como mujeres, niños, discapacitados y adultos mayores, “producto de prácticas corruptas que históricamente ha llevado a una condición de impunidad”.
“Todo acto de corrupción violenta el principio de igualdad y afecta a la población vulnerable ante grupos de poder”, advirtió el funcionario, quien reveló a los legisladores que este martes habría vencido la medida cautelar girada por la Fiscalía General contra el ex mandatario, a quien le fueron congeladas cuentas bancarias y bienes.
Morales, sin embargo, dijo que en caso que un organismo internacional defensor de los derechos humanos fallara en contra de la violación de los principios fundamentales por parte del ex mandatario, sería el Estado salvadoreño el que sería condenado a pagar las indemnizaciones a los afectados.
Al respecto, aseguró que como institución que vela por el respeto de los derechos humanos en El Salvador, está “expectante” de las investigaciones entorno al caso que realiza el fiscal, Luis Martínez, y lamentó el “código de silencio” sobre el desconocimiento de la situación que han asegurado tener ex funcionarios del gobierno de Flores.
Morales es de la opinión que, además del ex presidente Flores, deben ser investigados por la Fiscalía “quienes gobernaron” durante su cuestionada administración, entre 1999 y 2004.
Preparan informe
Los parlamentarios también ordenaron a los técnicos legislativos la elaboración de un primer informe sobre el caso Flores, tras más de una docena de entrevistas a ex funcionarios de la administración del ex gobernante, que contendrá más de dos mil paginas y que será entregado al fiscal Martínez en los próximos días.
El documento contendrá las declaraciones textuales ofrecidas a los diputados por el ex presidente Flores durante sus interrogatorios, así como las dadas por el cafetalero, José Antonio Salaverría, a quien Flores habría acusado ante prominentes empresarios de haber robado $5 millones donados por Taiwán, según lo declaró el agricultor al seno de la comisión.
También los parlamentarios decidieron pedir al director de la Policía Nacional Civil (PNC), Rigoberto Pleités, un informe escrito sobre el trabajo realizado por la corporación policial para localizar al ex presidente Flores, a quien los diputados consideran un “prófugo legislativo”.
La diputada del Movimiento Unidos por El Salvador, Claudia Ramírez, confió en el trabajo indagatorio que realiza el fiscal Martínez sobre el caso Flores, quien fungió como “apoderado legal” del ex mandatario y elaboró actas de probidad del ex mandatario, antes y luego de su gobierno.
Aunque advirtió que si las investigaciones fiscales sobre el caso Flores no avanzan, será Martínez quien tendrá que “responderle a la nación y, en determinado momento, él puede ser juzgado”.
El presidente de la Comisión Especial, Francisco Merino, afirmó que el caso de presunta corrupción durante el gobierno del ex mandatario, “no quedará en la impunidad”.
Otros invitados
Además del procurador de Derechos Humanos, también llegaron al seno de la Comisión Especial los ex tesoreros de la opositora ARENA, Eduardo Zablah y Juan Wrigth, quienes negaron haber recibido dinero taiwanés por parte del ex presidente Flores para financiar campañas electorales de esa formación política en el pasado.
Ambos empresarios sostuvieron con los diputados, por separado, encuentros efímeros.
