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Redacción Nacionales
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Vía dispensa de trámite, la Asamblea Legislativa aprobó una carta de intención por medio de la cual el Gobierno salvadoreño solicita un programa ampliado por $1,357 millones al Fondo Monetario Internacional (FMI), este organismo multilateral anunció también el acuerdo y un desembolso inmediato de $113 millones.
Este financiamiento fue solicitado bajo la modalidad de Servicio Ampliado del Fondo (SAF). Los recursos que espera recibir el Gobierno salvadoreño del FMI serán destinados para apoyar las “necesidades de financiamiento fiscal”.
Además, podrán orientarse al fortalecimiento y apoyo de la caja fiscal del Ministerio de Hacienda o para el fortalecimiento de las reservas del Estado de El Salvador, conforme al programa acordado con el FMI, para respaldar programas integrales centrados en las políticas necesarias para corregir desequilibrios estructurales; así como atender problemas de balanza de pago a mediano plazo.
Fue el presidente del Banco Central de Reserva, Douglas Rodríguez y el ministro de Hacienda, Jerson Posada, quienes firmaron la carta de intención dirigida al FMI.
Estos fondos que serán otorgados por el FMI forman parte de un programa global, que consta de alrededor de $3,500 millones. En este participan otros organismos como el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Banco de Desarrollo para América Latina y el Caribe (CAF).
El Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó un acuerdo ampliado de 40 meses en el marco del Servicio Ampliado del Fondo (SAF) para El Salvador, con un acceso de DEG 1033,92 millones (alrededor de US$1,4 mil millones).
Sobre la base de los progresos recientes, el programa de las autoridades respaldado por el FMI se propone corregir los desequilibrios macroeconómicos y fortalecer la gobernanza y la transparencia, con el objetivo de impulsar las perspectivas de crecimiento y la resiliencia de El Salvador.
En el marco del programa, el saldo primario “mejorará en un 3,5% del PIB en tres años”, respaldado inicialmente por una racionalización de la masa salarial, al tiempo que “se protege” el gasto social prioritario y de infraestructura.
Esto se complementará con medidas para aumentar los colchones de reserva y reforzar la estabilidad financiera, así como con acciones para fortalecer la transparencia fiscal y los marcos anticorrupción y de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, comentó el FMI, en un comunicado de prensa.
El programa también aborda los riesgos derivados del proyecto Bitcoin, en particular haciendo voluntaria la aceptación de Bitcoin y limitando la participación del sector público en actividades relacionadas con Bitcoin y en transacciones y compras de Bitcoins. De hecho, el Gobierno lo volvió voluntario tras ser requisito por el FMI.
De hecho, el FMI planteó que los riesgos potenciales del proyecto Bitcoin se están abordando “de acuerdo con las políticas del Fondo y con el asesoramiento del Fondo a las autoridades”. Las acciones previas incluyen reformas legales que han hecho voluntaria la aceptación de Bitcoin por el sector privado y han garantizado que el pago de impuestos se realice únicamente en dólares estadounidenses.
“Se ha reforzado la transparencia de la billetera electrónica pública de criptomonedas, y el Gobierno planea reducir gradualmente su participación en la billetera electrónica”, agregó el FMI.
El organismo multilateral alertó que, en el futuro, los compromisos del programa “limitarán la participación del gobierno en actividades económicas relacionadas con Bitcoin, así como las transacciones y compras de Bitcoin por parte del gobierno. Se mejorará la regulación y supervisión de los activos digitales en línea con las mejores prácticas internacionales en evolución”.
Nigel Clarke, subdirector, gerente y presidente interino del FMI dijo que la economía salvadoreña “está en constante expansión gracias a la solidez de las remesas y el turismo, y a una situación de seguridad muy mejorada. Los déficits externos se han reducido, la inflación ha disminuido y las recientes operaciones de gestión de pasivos han reducido las necesidades de financiación a corto plazo”:
Sin embargo, planteó que “El Salvador sigue afrontando profundos desequilibrios macroeconómicos, derivados de un elevado endeudamiento y débiles colchones externos y financieros, así como de obstáculos a la inversión y la productividad”, en ese sentido, el programa económico de las autoridades, respaldado por un acuerdo de Servicio Ampliado del Fondo, “tiene como objetivo fortalecer la sostenibilidad fiscal y externa, creando al mismo tiempo las condiciones para un crecimiento más fuerte y más inclusivo.
Según agregó Clarke, se espera que las mejoras previstas en materia de gobernanza y transparencia “impulsen la confianza y la inversión privada”. “Se han dado los primeros pasos mediante la promulgación de una nueva legislación anticorrupción y la publicación por la Corte de Cuentas de estados financieros de los organismos públicos y de auditorías COVID. A estas medidas seguirán la mejora de los procesos de contratación pública y rendición de cuentas, así como el refuerzo de los marcos de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo”.
