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Redacción Nacionales
Juan Ortiz, uno de los afectados de COSAVI, explicó que en enero de este año expusieron a los directivos del FMI la problemática que viven y que ahora mantienen la esperanza de que el organismo pueda incluir el caso como un criterio de evaluación, dado que consideran que el Estado ha secuestrado dinero privado.
Los afectados en el caso de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Victoria, de R.L. (COSAVI) enviaron una carta al Fondo Monetario Internacional (FMI) solicitando que su situación sea considerada como un indicador de cumplimiento dentro del acuerdo entre el Gobierno de El Salvador y el FMI, estableciéndose como un prerrequisito para el desembolso de $1,400 millones.
Ortiz, en una nota publicada en radio YSUCA enfatizó que el gobierno tiene la obligación de resolver la situación, ya que el FMI ha tomado en cuenta el caso. No obstante, expresó su incertidumbre, pues las autoridades aún no los han convocado para discutir posibles soluciones.
Julio Flores, otro de los afectados, señaló la urgencia de transparentar la administración de los fondos dentro de la cooperativa.
El rol de la Superintendencia del Sistema Financiero, que, sin autorización judicial, ha impulsado un sistema de pagos que, según los afectados, no es viable, cuestionó Flores.
Y afirmó que desconoce cuántos afectados han sido beneficiados con la entrega de dinero a través del sistema de pagos escalonado, ya que no hay información clara al respecto. Esta falta de transparencia, agregó, genera sospechas sobre un manejo irregular de los fondos. Según documentación disponible, existen más de $32 millones en deuda, incluyendo montos relacionados con municipalidades e incluso con el partido Nuevas Ideas.
Juan Ortiz también denunció que, a casi un año del inicio de las investigaciones por fraude, la Fiscalía General de la República no ha citado a los afectados para tomar en cuenta sus testimonios. Esto, advirtió, es grave, ya que en abril próximo vence el plazo para presentar pruebas sobre lo ocurrido en la cooperativa.
Además, Ortiz señaló que, a pesar de no poder acceder a sus cuentas, se les está descontando un 10% en concepto de impuesto sobre la renta.
Los afectados de COSAVI viven en la incertidumbre, pues hasta la fecha no hay información clara ni transparencia en el proceso. A esta situación se suma el fallecimiento de cinco personas sin haber logrado recuperar su dinero.
