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Redacción Nacionales
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El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha forzado al gobierno a dar un paso atrás en su controversial adopción del bitcoin como moneda de curso legal. Aunque el FMI permitió que la ley que autoriza el uso de bitcoin se mantenga, ha impuesto restricciones severas que limitan su uso obligatorio por parte de las empresas y exige la publicación de los estados financieros de la billetera digital Chivo Wallet. Además, se ha establecido un plazo hasta julio de 2025 para poner fin al uso de fondos públicos en esta iniciativa, señala el economista César Villalona.
El 4 de marzo de 2025, Bukele escribió que “el país no se detendrá y seguirá comprando bitcoin para su reserva estratégica”, lo que para algunos era un incumplimiento al acuerdo con el FMI. Hoy queda claro que es a parir de julio que el gobierno no seguirá gastando en ese activo digital, pues así lo establece el acuerdo, tal como lo revela Villalona.
Hasta finales del año 2024, el gobierno de Bukele había comprado 6,101 bitcoin, valorados en 534,7 millones dólares. Con las compras hechas en marzo, el número aumenta a 6,134 bitcoins (bitcoin.gob.sv.es).
La preocupación del FMI radica en la crisis financiera que enfrenta El Salvador, donde el riesgo de impago de la deuda con gobiernos y organismos multilaterales se ha vuelto alarmante. La implementación del bitcoin, que prometía ser un motor de crecimiento económico, ha resultado en pérdidas significativas para el Estado.
Un informe revela una pérdida de $6.7 millones en la billetera Chivo Wallet. Además, el gobierno ha gastado $365 millones en cajeros automáticos, publicidad y otras actividades que no han generado el impacto esperado, señala el economista.
Desde su aprobación el 8 de junio de 2021, la ley del bitcoin fue presentada como una solución para impulsar el crecimiento económico y facilitar la inclusión financiera. Sin embargo, la realidad ha demostrado que estas promesas eran infundadas. El bitcoin no cumple con las funciones básicas del dinero, como ser una unidad de cuenta, un medio de pago o una reserva de valor, lo que ha llevado al FMI a concluir que «no cumple con los requisitos mínimos para operar como moneda», aclara el economista.
A pesar de que el PIB de El Salvador mostró un ligero crecimiento del 2.8% en 2022 al 3.2% en 2023, las proyecciones para 2024 son desalentadoras, con un crecimiento estimado de solo 2.6%. La economía salvadoreña se ha visto superada por Honduras, que ha desplazado a El Salvador del tercer lugar en términos de PIB en Centroamérica. Este estancamiento económico se ha visto acompañado por un aumento en la pobreza, que ha crecido del 24.6% en 2021 al 27.3% en 2023.
Uno de los argumentos más destacados a favor del bitcoin fue su potencial para promover la inclusión financiera. Sin embargo, el gobierno de Bukele ha confundido la creación de billeteras digitales para recibir donaciones con un acceso real a servicios financieros como el ahorro y el crédito. El FMI ha señalado que no hay evidencia de que el bitcoin haya beneficiado a la población no bancarizada, lo que pone en duda la efectividad de esta política, señala.
Las promesas de desarrollo económico a través del bitcoin también han resultado ser ilusorias. A pesar de que se afirmaba que el bitcoin abriría las puertas a la economía global, la realidad es que la pobreza ha aumentado y la deuda pública ha crecido del 84% del PIB en 2021 al 91% en 2024, incluida la deuda previsional.
Además, recuerda Villalona, un programa de ajuste implementado a finales de 2024 ha llevado al desempleo a miles de personas y ha cerrado escuelas y unidades de salud, afectando gravemente a la población.
La situación actual plantea serias preguntas sobre el futuro de El Salvador. ¿Es posible que un país esté en desarrollo cuando la pobreza aumenta, la salud y la educación empeoran, y el desempleo crece? La visión de Bukele como un presidente digital del futuro ha sido recibida con escepticismo por parte del pueblo, que nunca confió plenamente en su experimento con el bitcoin, pregunta Villalona.
En conclusión, manifiesta, la intervención del FMI marca un punto de inflexión en la política económica de El Salvador: La eliminación del uso obligatorio del bitcoin.
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