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Oscar López
@OscarCoLatino
Medardo González, secretario general del Frente Farabundo Martí para
la Liberación Nacional (FMLN), consideró que con las acciones
impulsadas por sindicalistas de Salud, la oposición política pretende
afectar al Gobierno Central, y con ello se violentan derechos de la
población.
“La responsabilidad de la situación fiscal la tienen los cuatro
gobiernos anteriores. La deuda sigue siendo un grave problema, nos
toca pagar $850 millones por deuda, la deuda que estamos pagando es
herencia de los gobiernos de ARENA, la deuda que El Salvador tiene es
76 % herencia del gobierno de ARENA”, dijo González.
“Lo que pretende la derecha es afectar al Gobierno Central. Debemos
estar claros que ARENA y la Sala de Constitucional creen que están
afectando al Gobierno, pero en realidad a quien están afectando es al
pueblo salvadoreño, el pueblo es el que recibe los servicios”, agregó
González.
El secretario general del FMLN explicó que la falta de recursos para
pagar los gastos del Gobierno tiene su origen en la falta de
ingresos. “El Estado Salvadoreño, en el año fiscal 2015, dejó de
percibir $2,065 millones por evasión de impuestos, estos son las
grandes empresas, medianas empresas que o pagan impuestos”.
“Hay empresas que declaran pérdidas con el impuesto del 1 % a los
activos netos, era un recurso para el Gobierno, la Sala protegió a
esos mentirosos, de tal manera que $99 millones no ingresaron. También
declararon inconstitucional el FONAT, al Gobierno le toca pagarle a
las víctimas, pero no hay un fondo para hacerlo. Declararon
inconstitucional el impuesto a las llamadas internacionales y que iba
a dar un ingreso de $102 millones”, ejemplificó González.
El secretario general del FMLN indicó que con las sentencias de la
Sala de lo Constitucional, se impidió que ingresaran a las arcas de
Estado $1,206 millones.
De igual forma, el secretario general del FMLN detalló que el Estado
tiene una mora de pago de multas de $478 millones, las que fueron
impuestas a grandes empresas y a contribuyentes individuales, las
cuales se han amparado en la Sala de lo Contencioso Administrativo de
la CSJ para evitar pagar la infracción monetaria.
El FMLN propuso una ley para facilitar a las empresas el pago de
multas, sin embargo, la misma fue declarada inconstitucional por la
Sala de lo Constitucional “con el propósito de afectar las finanzas
del Gobierno”, dijo González.
Además, con leyes vigentes de incentivos, el Estado dejó de percibir
$706 millones, los cuales debido a la normativa, se exonera el pago de
impuestos a empresas que tienen inversiones en el país.
De igual forma, González explicó que debido a la estructura tributaria
regresiva son los asalariados “los que sostienen la caja del Estado,
solo el 20 % de todo el ingreso proviene de las ganancias de las
empresas. El Salvador tiene una estructura de impuestos regresiva
cargada al consumo y a los trabajadores”, indicó González.
Durante los gobierno del FMLN se presentaron denuncias pos supuestos
casos de corrupción, de los cuales 23 suman un aproximado de cuatro
mil millones de dólares.
En cuanto a las protestas organizadas por sindicalistas de Salud, el
secretario general del FMLN comentó: “se afecta a la población, a los
pacientes, no es lo mismo planear una huelga en una institución que
plantearla en un hospital y que los trabajadores cierren instalaciones
para impedir que las personas, que los ciudadanos que hacen uso de
estos servicios públicos no entren”, argumentó González.
El secretario general del FMLN indicó que durante las protestas de los
sindicalistas se perdieron 10 mil 325 consultas en la red de
hospitales públicos, además, se reprogramaron 108 cirugías.
El FMLN considera que es necesario tomar medidas presupuestarias para
solucionar la crisis que provoca el pago del escalafón, ya que
consideran que el mismo está mal diseñado por lo que de no modificarse
los salarios se incrementarían sin límite. “La ministra de Salud está
manejando una propuesta para pagar el escalafón pero haciendo una
reestructuración, poniéndole tope el crecimiento de salarios”, comentó
el dirigente político.
“No es justo porque los que tienen menores salarios su aumento es
mínimo y los que tienen más salarios prácticamente se les va
duplicando, es una injusticia en ese sentido y el Estado no puede
cargar con esa responsabilidad. Nosotros hemos dicho que todo mundo
tiene derecho a las mejoras laborales, a los reconocimientos
salariales”, dijo González.
González explicó que las protestas de los sindicalistas está ligado a
las “finanzas públicas”, es decir, al dinero que el Gobierno necesita
para cubrir sus gastos, lo cual han sido limitados por sentencias
emitidas por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de
Justicia (CSJ).
