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@OscarCoLatino
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró inconstitucional la emisión de $900 millones en bonos, los cuales serían utilizados para el financiamiento de planes de seguridad y programas sociales, entre otros.
Ante esta decisión, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) consideró que la medida es parte de un boicot que por no poder ser ejecutado desde la Asamblea Legislativa, es necesario recurrir a otros Órganos de Estado, en este caso el Judicial.
“Después de más de un año en el que se le estuvo exigiendo a la Sala de lo Constitucional que cumpla con el principio de pronta y cumplida justicia, después de más de un años emitió una sentencia con la que no estamos de acuerdo”, dijo el diputado del FMLN Víctor Suazo.
Para el FMLN la sentencia de la Sala tiene como objetivo principal limitar las finanzas del Estado. “Es un interés perverso de asfixiar las finanzas públicas, tienen el objetivo de evitar que el Presidente Sánchez Cerén lleve a cabo todos los compromisos que tiene con la población”, argumentó Suazo.
El legislador del FMLN consideró que el principal partido de oposición mantiene una doble moral, ya que en la Asamblea Legislativa diputados de derecha brindan sus votos para le implementación de planes de seguridad, pero apoyan decisiones como la tomada por la Sala de lo Constitucional.
“Son un oposición sin mayor propuesta, sencillamente han tomado la posición de decir no a todos los proyectos que impulsa el Gobierno. Para apoyar el financiamiento vemos una gran contradicción, es allí donde está la doble moral de ARENA”, aseguró Suazo.
En cuanto a las alternativas que el Gobierno tiene para financiar sus proyectos, el diputado del FMLN aseguró que se buscarán los mecanismos para brindar recursos al Estado.
“No nos vamos a quedar de brazos cruzados, seguiremos explorando las alternativas que hagan viables que el Gobierno pueda ejecutar las medidas excepcionales”, indicó Suazo.
Entre las medidas están la propuesta de reforma al sistema de pensiones y la implementación de un pacto fiscal, para transparentar los gastos del Gobierno.
De igual forma, se plantea la creación de una ley de cobro de deudas a favor del Estado, con la que se pretende dar herramientas para Hacienda haga un cobro efectivo a los deudores del Estado. “Es evitar que empresarios evadan sus obligaciones, la evasión fiscal ronda los $1,500 millones cada año, no podemos seguir con esa alta carga que representa la irresponsabilidad de algunos empresarios”, concluyó Suazo.
