Mirna Jiménez
Diario Co Latino
El subjefe de fracción del FMLN Jorge Schafik Hándal Vega defendió el uso de los fondos provenientes de la contribución especial a la seguridad pública para otras áreas que no son exclusivamente la represión del crimen, luego que la Sala de lo Constitucional aceptara un recurso contra esa recaudación de fondos que se obtiene mediante un cobro en las comunicaciones.
Hándal recordó que el mismo Plan El Salvador Seguro, creado por el Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, establece que el combate a la criminalidad tiene como principal componente la prevención de los delitos, a través de la integración social de la ciudadanía y especialmente de los jóvenes.
“Deberíamos de evaluar qué implica el tema seguridad, porque pareciera que el tema seguridad está referido a balazos y actuaciones violentas de represión al crimen únicamente; sí lo incluye, pero también incluye la prevención donde hay una serie de actividades que necesitan recursos económicos para poderse desarrollar porque de lo que estamos hablando es que es mejor prevenir que entrarle a balazos a alguien”, argumentó el diputado de izquierda en la entrevista Frente a Frente de TCS.
Añadió que si no se tiene una “comprensión correcta” del tema de seguridad pública, porque de lo contrario el país se mantendrá en una guerra permanente y sin salida con las estructuras del crimen. “Tal como lo ha hecho el Consejo Nacional de Seguridad, donde se sacaron más de 100 propuestas, y si vemos no van todas destinadas al uso exclusivo de la Policía, sino del Estado para la prevención, la inmensa mayoría de esas”, detalló.
Hándal señaló que no es incoherente que parte de los fondos recolectados por esa contribución a la seguridad se destine a crear infraestructura educativa, deportiva y de otra índole que tiene como uno de los objetivos principales prevenir la incorporación de los jóvenes a los grupos de pandillas.
Contraria a la posición del efemelenista los diputados de derecha Julio Fabián, de ARENA, y Jorge Mazariego, del PDC, mostraron su simpatía con la decisión de los magistrados, quienes luego de varios meses de la presentación de la solicitud de inconstitucionalidad de parte del abogado Salvador Enrique Anaya, reconocido defensor del sistema privatizado de pensiones, aceptaron el recurso en dos de sus motivaciones.
Mazariego califica de “abuso” el hecho de que el Estado destine a otras áreas fondos que, según dice, deben de ser asignados estrictamente a la seguridad pública. El Gobierno ha utilizado fondos provenientes de esa contribución para proyectos de recreación, educación y deportes, entre otros.
Por otro lado, los legisladores se comprometieron a efectuar un trabajo de selección de candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia totalmente apegados a los procedimientos establecidos y desarrollando un proceso transparente, donde la ciudadanía tenga la oportunidad de auditar a los aspirantes a tales cargos.
Los diputados integran la subcomisión evaluadora de los 30 aspirantes a esos cargos y tras la evaluación de estos presentarán un informe a la comisión política de la Asamblea, que será la que finalmente presentará su listado al pleno.
“Hay un proceso que está establecido y querrámoslo o no hay que respetarlo porque si no resulta lo que tenemos hoy como Sala de lo Constitucional: hay dos que entraron en el ámbito de solucionar (el impase) y entraron por la puerta trasera, incluso, uno de ellos cuestionado en el tema de familia y otro que ni siquiera entró en el tema de selección, se violó todo”, recordó Hándal.
Sobre el peligro de que la Sala de lo Constitucional quede acéfala y no haya el debido control constitucional de parte de los actuales magistrados, si no se elige antes de que ellos culminen su período, Hándal aseguró que la Asamblea hace todos los esfuerzos para terminar a tiempo el proceso, pero se menciona que algunos magistrados actuales estarían apostando a declarar inconstitucional la elección de algunos de los sustitutos, con la intención de declarar acefalía y mantenerse en sus cargos.
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